Editorial

La justicia, igual antes que ahora

viernes, 03 de enero de 2020 · 00:15

La perniciosa e ilegal manera de conducir la justicia no ha cambiado un ápice con el nuevo gobierno. Que los jueces hayan ordenado la libertad de acusados como Leopoldo Fernández, Franclin Gutiérrez, Sergio Pampa y otros, demuestra que eran presos políticos.

Pero ahora esos mismos jueces, y sus aliados  los fiscales, están haciendo lo mismo contra los adversarios del régimen actual. Muchos merecen ser acusados, por ejemplo Juan Ramón Quintana, pero existen casos de otras personas, como los exvocales electorales, tanto nacionales como departamentales, que deberían poder defenderse en libertad. Las acusaciones contra todos ellos han sido tomadas a “fardo cerrado”, sin que se establecieran matices ni grados de responsabilidad.

La Constitución boliviana, y en general el concepto de la justicia que prevalece en la teoría de la democracia y el Estado de Derecho, establecen que todas las personas son inocentes mientras se compruebe lo contrario, no al revés. La “presunción de inocencia”, que es una noción que proviene del derecho romano y que está presente en las antiguas religiones, fue parte fundamental de revoluciones liberales como la francesa, en 1789. En Bolivia, jueces y fiscales no conocen de ella.

Como el Estado es ineficaz para lograr que los sospechosos no fuguen (Policía ineficiente y corrupta, etc.), lo más fácil para los operadores de justicia es simplemente meter a todos presos, con la duda adicional de si ello se hace también para exaccionarlos.

Paralelamente, el fiscal general sigue siendo Juan Lanchipa, que no da suficientes garantías de trato imparcial. Lanchipa, nombrado por la mayoría masista congresal en la anterior gestión, estaba dispuesto a perseguir a cualquier opositor de Evo Morales, como hoy está dispuesto a perseguir a cualquier aliado del exmandatario. Este protegido del exministro de Justicia  Héctor Arce  con una facilidad muy grande, simplemente cambió de bando.

Los jueces y fiscales en Bolivia han demostrado en las últimas semanas su inmoralidad al liberar a los que antes eran perseguidos y empezar a perseguir a nuevos adversarios del poder. Como decimos, no se trata de exculpar a los sindicados actuales, pero sí de insistir en la necesidad de que se cumpla el debido proceso.

Jueces y fiscales que en el pasado torcieron la ley para detener a cientos de personas injustamente (no solo a personajes destacados, sino a ciudadanos particulares), están impunes y lo seguirán estando mientras se sigan aliando a los gobiernos de turno. 

Es una gran señal de lo escasamente democrática que es la sociedad boliviana.

 

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