Editorial

Leyes y ciudadanos en el limbo

martes, 6 de octubre de 2020 · 00:15

La pugna entre los poderes Ejecutivo y Legislativo ha alcanzado dimensiones monumentales y, lo que es peor, está afectando a la gente de la calle, al ciudadano sin que a nadie parezca importarle. Dos ejemplos claros y concretos demuestran esta conclusión. 

1) El Gobierno aprobó el presupuesto de 10% para la salud, pero a la Asamblea Legislativa no le da la gana de promulgar esa ley. Como consecuencia, el Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes) ha entrado en huelga de hambre y -aún en pandemia- anunció que radicalizará las medidas de presión para que la Asamblea Legislativa apruebe ese proyecto de ley que los favorece. Desde Perú, el padre Mateo, quien fuera precursor de la idea de destinar 10% del presupuesto nacional a la salud, se ha sumado a la medida. Los médicos decidieron entrar en huelga de hambre y ahora anunciaron que se tapiarán solicitando presupuesto para el funcionamiento de los hospitales y para el mejoramiento de sus magros salarios; algo que ha sido suficientemente sustentado en la evidencia que arroja la crítica situación de la salud pública en el país.

2) Como en toda guerra, la negativa del Legislativo tiene olor a venganza, ya que el Ejecutivo se niega a publicar en la Gaceta Oficial tres leyes promulgadas por la Asamblea y su presidenta Eva Copa. Estas son la ley del inquilinato (que estipula la reducción de hasta el 50% de los alquileres de forma retroactiva durante la pandemia), la atención de pacientes Covid en clínicas privadas a costa del Estado y la norma para la donación de plasma. Como se sabe, una ley tiene vigencia solo cuando es publicada por la Gaceta Oficial y esta entidad funcionalmente depende del Ministerio de la Presidencia. Por tanto, las tres leyes esperan en la congeladora mientras, por ejemplo, los dueños de casa e inquilinos que aguardan que se defina la situación llegan a acuerdos como pueden, muchas veces sin la certeza de que lo que convengan, luego será considerado ilegal.

Es de extrema indolencia con la ciudadanía -a quien se deben las autoridades de ambos poderes-, que ambos órganos sometan a esa pugna que solo les incumbe a ellos y sus propósitos políticos, a los bolivianos que ya tienen suficiente con la crisis económica, de salud y política.

Es importante que ahora que estamos a menos de dos semanas de la elección, estos dos poderes dejen de jugar a la pulseta y a la fuerza, y aclaren el panorama para inquilinos y alivien de alguna manera la triste y sacrificada situación de los médicos. Es lo menos que se le debe a la ciudadanía en estos difíciles tiempos: certeza y apoyo de parte del Estado.
 

 

 

 

 


   

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