Editorial

Consejo de notables para la reforma

miércoles, 9 de diciembre de 2020 · 00:15

El Gobierno avanza a pasos acelerados para lograr aprobar una ley de reforma constitucional. Los plazos son muy breves porque el plan del oficialismo es que todo esté listo para que el referendo para aprobar esa ley pueda realizarse junto a las elecciones subnacionales del 7 de marzo próximo. Para idear el proyecto de ley, el Ministerio de Justicia nombró a un consejo de nueve miembros, todos ellos abogados prestigiosos y de diferentes tendencias políticas, que discutirán las bases de la reforma.

Luego el proyecto debe ser analizado por ambas cámaras, cuando requerirá de dos tercios de los votos para su aprobación, por lo que será imprescindible el respaldo de las bancadas opositoras. Aún no se tienen detalles sobre qué reformas a la CPE concretamente se plantea hacer, pero entre ellas están eliminar la designación de magistrados por voto popular y reformar la manera de elegir a los jueces. Otras reformas, como introducir mejoras en la carrera judicial, evaluar el desempeño de los operadores de justicia y otras, no parecen necesitar un cambio constitucional.

La eliminación de la elección popular de jueces es la más necesaria. Uno de los graves lastres de la justicia es precisamente ese asunto. Esa engañosa idea, aprobada por la Asamblea Constituyente, fue traída por los asesores españoles que el gobierno del MAS contrató en ese entonces y le permitió controlar a todo el aparato judicial. En dos ocasiones, tras una pantomima en la que cientos de personas se postulaban a los diferentes órganos judiciales, el Legislativo dominado por el MAS al final elegía como candidatos a personas sumisas y, a veces, ineptas. Lo peor fue en ambas elecciones, más del 50% de los votos fueron nulos o blancos, pero aún así fueron consideradas válidas.

Tener a la justicia bajo su dominio  permitió al gobierno del MAS cumplir con dos objetivos centrales: perseguir a líderes opositores, o dejar de hacerlo cuando los cooptaba, y facilitar los planes del jefe del MAS de eternizarse en el poder. Ambas cosas se cumplieron al pie de la letra: decenas de dirigentes de la oposición fueron enterrados bajo juicios políticos y los indeseables magistrados del Tribunal Constitucional autorizaron que Morales pudiera postular a un tercer y cuarto mandatos prohibidos por la CPE.

Esa espuria elección de magistrados le permitía también al MAS controlar el Consejo de la Magistratura, entidad de la que depende la designación de jueces. Con ello se completaba el plan oficialista. Estos hicieron la vista gorda, y de hecho lo siguen haciendo, frente a los numerosos hechos de corrupción de las autoridades del periodo 2006-2019. En perspectiva, a casi 10 años de haber implementado la elección por voto popular, el balance no podría ser peor: la ya débil justicia se convirtió en el espacio de la indefensión del ciudadano, de sumisión a los poderes políticos y económicos, a la institucionalización de prácticas prebendales y corruptas, y sometimiento a las autoridades de turno, como ocurrió  el último año cuando la justicia masista se ofreció en bandeja al gobierno de transición y antes de que este se marche ya había retornado a sus anteriores jefes.

Si en algo han coincidido diferentes tiendas políticas es que esta situación no puede continuar. El propio MAS, de la mano del actual ministro Iván Lima, se ha propuesto esta vez hacer una análisis honesto y una reforma profunda a la justicia y el contar con un consejo de personalidades en la materia es una decisión destacable. Por supuesto que esto de por sí no garantiza el resultado, pero es esperanzador que los miembros de este grupo coincidan en la necesidad de mejorar la calidad de los representantes y operadores de la justicia, así como blindarlos de la manipulación del poder político y económico.

Existen dudas sobre la necesidad de abrir la CPE, sobre los plazos, sobre el alcance de estos cambios y la prontitud con la que se podrá apreciar resultados, pero lo que no se puede negar es que la esperanza está puesta en este conjunto de autoridades y personalidades para que encaminen, con mejor rumbo, a la justicia boliviana.

 

 

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