Editorial

Crisis de la Fiscalía y excesos de poder

lunes, 17 de febrero de 2020 · 00:14

Una de las más obvias muestras de injerencia del Poder Ejecutivo sobre el sistema judicial boliviano acaba de ocurrir en días pasados. Incluso durante los 14 años del gobierno del MAS, en el que el control de la justicia por parte de las autoridades era total, se cuidaban algo más las formas y actuaban de manera sigilosa para lograr sus objetivos.

Ahora la situación es peor. Simplemente el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, violando la ley,   da órdenes en público al fiscal general Juan Lanchipa, que éste ejecuta de inmediato.

La Constitución boliviana establece que el Ministerio Público y el resto del Órgano Judicial del país tienen autonomía y que los fiscales se deben a la Fiscalía General, y los jueces al Consejo de la Magistratura. Ambas instituciones deben ser independientes.

Antes del gobierno de Evo Morales existía control de la justicia por parte de las autoridades, pero más limitado, ya que el sistema político hacía algunos esfuerzos por dotar de independencia a los operadores de justicia. Cuando el MAS llegó al poder, la situación se volvió mucho más grave. Y hoy es ya desvergonzada.

Murillo acaba de hacer una de las declaraciones más peligrosas para el Estado de Derecho en años: Dijo sobre jueces y fiscales que supuestamente no cumplen con la ley que “los vamos a perseguir como a delincuentes porque no merecen otra cosa, que piensen bien antes de beneficiar a un delincuente. Personalmente me voy a dedicar a perseguir a aquellos jueces o fiscales que estén buscando hacer daño a la ciudadanía boliviana liberando delincuentes. No vamos a permitir aquello”.

El ministro debe saber que él no es nadie para “perseguir” a cualquier otro ciudadano. Para eso, precisamente, existe un ordenamiento judicial. Que el  Ministro de Gobierno diga que perseguirá, en persona, a quienes él considera que están en falta, es algo gravísimo, que pone a toda la sociedad en riesgo. Todas las personas son inocentes hasta que se compruebe lo contrario, no al revés. Para establecer si alguien ha cometido un delito debe ser sometido a un juicio justo, en el que se cumpla el debido proceso y se garanticen los derechos del sindicado y que jueces y fiscales actúen a base de la ley y su conciencia, no a presiones de ningún tipo. 

Parece que al ministro Murillo no se le ha pasado por la mente que existe independencia de poderes. Los jueces y fiscales, aunque para él sea difícil de creer, no son sus empleados. El fiscal Lanchipa, un personaje sin muchas luces,  proveniente de las filas del MAS, está totalmente dispuesto a aceptar las órdenes de Murillo, como antes las aceptaba de los exministros de Evo Morales. Es la tragedia de la justicia boliviana. Lanchipa, con tal de mantenerse en el cargo, y lograr algo de protección, puede acusar ahora a quienes antes adulaba. Y Murillo, tras haber exigido que se cumplieran las normas durante 14 años y que se respetaran los derechos humanos de los antiguos opositores, ahora hace exactamente lo contrario.

El Ministro de Gobierno le pidió que separara de sus cargos a dos fiscales que él consideró habían cometido una falla en la entrega de órdenes de aprehensión de dos exautoridades que estaban en la residencia de México, e inmediatamente Lanchipa, en una muestra de obsecuencia sorprendente, lo hizo de inmediato. Del otro lado, el mismo Lanchipa está presionado con ser procesado, de modo que se entiende que obedece al Ejecutivo con tal de evitar el proceso.

Son cada vez más evidentes los abusos judiciales de la actual administración contra sus adversarios, tanto que gracias a ello crece la idea internacional de que el actual es un régimen de facto, de tendencia fascista y que viola los derechos de las personas. Por eso, las actitudes de Murillo y otras autoridades no   ayudan a su gobierno y a la presidenta Jeanine Añez, que trata de tener una imagen tolerante y amable. Esa imagen se ha ido desmoronando, precisamente porque no pone límites a los excesos de sus ministros. Tal vez ella misma no crea que haya que establecer esos límites.

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