Editorial

Un error de la senadora

miércoles, 19 de febrero de 2020 · 00:15


La senadora de Demócratas  Carmen Eva Gonzales  presentó el 8 de enero de este año  una demanda contra cuatro exministros y dos exviceministros del anterior gobierno por supuesto uso indebido de influencias, falsedad ideológica y otros delitos. 

Extrañamente, en la referida demanda, la senadora también incluyó a la Empresa Minera San Cristóbal -que produce el 2,5% del Producto Interno Bruto nacional- sobre la base de un litigio laboral que su sindicato de trabajadores presentó contra la minera hace cinco meses. 

El hecho fue de conocimiento público porque llevó a una huelga que generó una pérdida de medio millón de dólares diarios al Tesoro General de la Nación, totalizando pérdidas de más de 10 millones de dólares para varias instituciones del Estado.

Minera San Cristóbal y su sindicato de trabajadores firmaron un convenio colectivo en septiembre del año pasado que puso fin al conflicto, en el cual se reconoció que la empresa cumplió la normativa laboral vigente.  En la firma de ese acuerdo  participaron también los ministerios de Trabajo y Minería, así como la Central Obrera Boliviana y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia.

En esa oportunidad se evidenció que el proceso contra la empresa minera estuvo manipulado por una red mafiosa integrada por funcionarios del Ministerio de Trabajo, abogados y árbitros, la misma que en el presente está siendo juzgada penalmente a instancia de la empresa minera. 

Es evidente y preocupante que la senadora Gonzales no hubiese tomado en cuenta los antecedentes mencionados. No es un error pequeño acusar sin fundamento a una de las empresas más grandes que opera en Bolivia, más cuando hay abundantes pruebas que demuestran lo contrario.

Lo anterior menoscaba lo expresado por la presidenta Jeanine Añez en el Foro Empresarial de la Cainco en Santa Cruz: “es imprescindible promover la atracción de inversión extranjera directa con la suficiente seguridad jurídica y las reglas de juego claras y justas porque Bolivia necesita capitales no por una simple coyuntura, sino de manera estructural”.

Nadie discute que es importante investigar y castigar los hechos de corrupción de funcionarios del anterior gobierno o de cualquier otro, pero ello debe hacerse en cumplimiento estricto del marco de la ley. Perseguir a exfuncionarios masistas haciendo abuso de autoridad los convierte en víctimas y termina estigmatizando a sus perseguidores.

Es momento de dotar de sensatez a quienes denuncian, pero, sobre todo, evitar extender la caza de brujas a empresas e instituciones que cumplen con las leyes vigentes.

 

223
20

Otras Noticias