Editorial

Cárceles: una reforma pendiente

martes, 17 de marzo de 2020 · 01:15

El sistema carcelario de Bolivia está atravesando por una etapa muy compleja. Este lunes, por ejemplo, un reo brasileño del grupo criminal Primer Comando de la Capital (PCC) fugó de la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro usando una sierra. A finales de febrero, tres reos también brasileños de la misma banda fugaron de la cárcel de Villa Busch de Pando, aunque dos de ellos fueron racapturados.  

Pero, tal vez el hecho más delicado es la explosión de una granada de guerra en la cárcel de Mocoví, a las afueras de Trinidad, hace algunas semanas, que sumó tres víctimas fatales. 

En aquella ocasión, el  reo brasileño Lucas Rosendy, acusado de pertenecer al PCC, fue quien lanzó la granada, en el marco de pugnas de poder al interior del penal. 

Este crimen demuestra la precariedad del sistema carcelario de Bolivia. Las cárceles del país se caracterizan por la inseguridad, el hacinamiento, la falta de derechos de los internos, la violencia, las enfermedades y, en general, los abusos. A esto se añade, como el ejemplo que se comenta, la presencia poderosa de mafias que son las que  en realidad controlan la vida de estos centros.

En Bolivia ocurre una situación sui géneris: la Policía solamente resguarda el perímetro exterior de los recintos de detención, ya que son los internos los que dominan el perímetro interior. 

En Bolivia hay un médico por cada 410 internos, mientras el 42% de las cárceles no cuentan con ambientes adecuados para la atención en salud ni tienen medicamentos suficientes. En nuestros penales viven hasta niños y niñas, familias enteras, pese a que las normas lo prohíben.

Al interior de los penales, por ejemplo, los presos más poderosos, y más violentos, son los que controlan la disciplina interna, estableciendo los castigos, acosando a los más débiles, cobrando montos para ofrecer seguridad, etc. Y luego hay que pagar para todo, desde la obtención de celdas, de alimento, de medicinas, de seguridad, etc. Los presos que dominan los penales, y que cometen delitos desde su interior, usan esos espacios como si fueran de su propiedad.

En complicidad con algunos policías se trafican drogas y alcohol dentro del penal, se permite el ingreso de otras sustancias peligrosas y, como el caso que nos ocupa, incluso de granadas de guerra.  

Las muertes en Mocoví demuestran que es urgente una reforma carcelaria profunda en el país. Se debe  tener más y mejores penales, además de un sistema judicial que acelere los procesos contra los sindicados y, en general, les permita defenderse en libertad. Ya se sabe que más de un 70% de los internos no gozan de una sentencia. Son, en realidad, inocentes, sobre los que el Estado no ha logrado comprobar culpabilidad.
 

 

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