Editorial

Transparencia y equipamiento

jueves, 9 de abril de 2020 · 00:15

Es urgente que el gobierno adquiera, con los montos obtenidos de la cooperación internacional, los equipamientos y servicios necesarios para el combate sanitario al coronavirus. Las autoridades han anunciado que recibirán 100 millones de dólares de cooperación al respecto.

“Son recursos de libre disponibilidad y los fondos serán canalizados en tres áreas fundamentales: ítems, equipamiento e insumos médicos, tales como alcohol en gel, guantes y jaboncillos, entre otros. Son más de 100 millones de dólares”, ha indicado el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.

Entre los elementos a ser adquiridos por el Estado están 500 respiradores artificiales, que podrían costar en conjunto unos 15 millones de dólares o más (cada respirador podría tener un precio de 30.000 dólares en promedio). Además, hay que comprar camas hospitalarias, equipos de terapia intensiva, etc.

Estas adquisiciones son adicionales a las que se obtendrán gracias a donaciones realizadas por NNUU y la Unión Europea, entre otras entidades. Esta última donó cinco millones de dólares para fortalecimiento presupuestario y NNUU entregó 10 laboratorios para el diagnóstico rápido de casos de COVID-19, valorados en 500.000 dólares. A propósito, se necesitaría, gracias a estos laboratorios, informar cuántos exámenes se hacen y, de ellos, cuántos resultan positivos, un dato que hasta ahora no ha sido entregado por el Ministerio de Salud.

En circunstancias como las actuales obviamente se debe actuar con celeridad. Los procedimientos deben ser abreviados y no se puede estar pensando en realizar licitaciones, por ejemplo. Pero la crisis no impide, de ninguna manera, que las autoridades actúen de manera transparente. Hasta ahora el Ejecutivo no ha informado sobre los 500 respiradores ya adquiridos ni su origen, marca, precio y posible fecha de llegada. Tampoco con el resto de los productos que se adquirirán con los 100 millones de dólares mencionados.

No es que se desconfíe de las autoridades, pero un estado de excepción no implica que se limiten o reduzcan las capacidades fiscalizadoras de las entidades llamadas por ley ni, en general, de la sociedad civil y los medios de comunicación. En este pedido coinciden los principales partidos políticos como, Comunidad Ciudadana –lo expresó Carlos Mesa- y el MAS.

Para el gobierno sería un acierto hacer un informe de todo lo que ha ordenado importar hasta ahora y establecer los precios y condiciones de esos equipamientos. Se supone que alguien, en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, está al mando de esa supervisión, si no es directamente el ministro José Luis Parada.
 

 

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