Editorial

El escándalo de los respiradores

viernes, 22 de mayo de 2020 · 00:15

La compra de 170 respiradores artificiales destinados a paliar la necesidad de equipos hospitalarios para enfrentar la Covid-19 terminó siendo un escándalo de grandes proporciones, el más serio para el gobierno en sus seis meses de gestión. 

Habría que preguntarse, en primera instancia, por qué el gobierno optó por estos equipos con tanta premura, si claramente por la forma en que fueron despachados de España no estaban en condiciones de ser útiles para los fines que eran demandados. 

Una vez tomada esa decisión, de por sí criticable, las autoridades no informaron que los aparatos llegados desde España eran simples y no para uso en terapia intensiva. Peor aún, para ser utilizados en situaciones de emergencia terminarían requiriendo de un respirador convencional y una Unidad de Terapia Intensiva para el “destete”.  Tan sólo con haber señalado eso de antemano se hubiera evitado una parte de la polémica, referida a la supuesta inutilidad de los ventiladores. Pero fueron los médicos los que denunciaron que esos respiradores no servían.

Pero la parte más seria del asunto es sin duda el tema del precio. La fábrica Innova confirmó a este medio que el gobierno boliviano compró el equipo básico y que el costo del mismo es de 7.128 dólares. El gobierno autorizó pagar 28.000. Era obvio que el escándalo iba a estallar.

Hay más: el 25 de abril, respondiendo a una consulta presentada por las autoridades, la empresa Cosin ofreció, en carta enviada al ministro de Salud, Marcelo Navajas, importar los respiradores a 12.500 dólares cada uno, y ello incluía pago de impuestos, transporte, capacitación de personal, garantías y accesorios. Hubo alertas de parte de una funcionaria de Aisem y también de parte del cónsul de Bolivia en Barcelona sobre la existencia de otra propuesta a mejores precios. Pese a ello, el Gobierno autorizó un contrato con una empresa española intermediaria por más del doble de precio (28.000 dólares).

Un funcionario no puede pagar, por el mismo producto ofrecido, más del doble del precio. Tal vez el ministro Navajas tenga una explicación, por ejemplo, que el personal de su despacho no le informó sobre todas las ofertas que estaban en curso para adquirir los aparatos; o podrá explicar por qué la premura lo llevó a tomar decisiones cuestionables. Con todo, no será para él fácil salir de este entuerto. Existen otras cuatro personas investigadas y el número seguramente crecerá.

Por supuesto que además de detenciones, el Gobierno debe dar respuesta detallada sobre los procesos administrativos que llevaron a esta fallida contratación y compra. No sólo se trata de encarcelar funcionarios sino ofrecer explicaciones precisas tanto de los errores, omisiones o presuntos delitos en esta compra, como de las razones por las que el Ejecutivo pasó por alto tantas irregularidades. ¿Necesidad de mostrar un resultado ante la presión de la gente por la lentitud en la que se equipa a médicos y hospitales para atender la pandemia?, ¿interés político por encima de seriedad en el uso de recursos?, ¿simple y llana corrupción?, ¿de quién o de quiénes?

Esas preguntas deben ser respondidas de inmediato por las autoridades. Asimismo estas respuestas son las que están esperando los organismos internacionales que, como el BID, cooperan con financiamientos al país en esta crisis. La pobre institucionalidad del país queda en evidencia: errores en la administración de los contratos, en los procesos que se deben seguir, en las negociaciones que se hacen, etc. Bolivia tiene que seguir comprando, todavía hace falta mucho equipamiento y seguiremos necesitando financiamiento, ¿cómo será esto sostenible ante estas irregularidades detectadas?

Este es el más serio desafío que enfrenta el gobierno en su corta gestión. El que este escándalo se refiera a un tema de salud justo cuando el país enfrenta una crisis sanitaria tan severa, toca las fibras más profundas de la ciudadanía. Ahora la justicia debe hacer su trabajo, sin presiones, pero también sin temor.
 

 

 

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