Editorial

La intromisión en la justicia

viernes, 29 de mayo de 2020 · 00:15

No es una novedad que el Órgano Ejecutivo intervenga en el accionar de la justicia. Lo hemos visto de manera descarada durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), pero esa no es una vara en la que el nuevo Gobierno debería medirse.

Los ciudadanos bolivianos que lucharon en las jornadas de octubre y noviembre no lo hicieron sólo por deshacerse de un Gobierno prorroguista, sino que también pelearon contra el despilfarro de recursos públicos, contra la corrupción, contra el abuso de poder y, por supuesto, contra el manoseo de la justicia.

El inexplicable arresto del juez Hugo Huacani, poco antes de que decidiera sobre el caso respiradores, ha dado una pauta de que el gobierno de Jeanine Añez no practica la independencia de poderes al extremo de pasar por alto a la Fiscalía y al Órgano Judicial.

Mandar a detener a cualquier persona sin orden de un fiscal o sin que exista una causa en su contra ya es un acto aberrante, pero lo es aún más si el aprehendido es un juez, es decir, una autoridad de otro Órgano del Estado. 

La única salvedad es la flagrancia del delito, pero ¿qué acto flagrante puede cometer un juez en el ejercicio de sus funciones que no pueda ser investigado y procesado como corresponde? 

El Gobierno no ha admitido haber ordenado la detención del juez, aunque ha reconocido que ha puesto una denuncia en su contra por haber otorgado detención domiciliaria a una de las acusadas en el caso terrorismo que involucra al exministro Juan Ramón Quintana. Y, por supuesto, negó que la aprehensión tuviera algo que ver con el caso respiradores, pese a que la aprehensión sucedió antes de la audiencia de medidas cautelares de ese proceso, la que fue suspendida hasta el día siguiente, cuando el juez recuperó su libertad.

“Lo que hay que aclarar es que nosotros (Ministerio de Gobierno) no ordenamos ninguna aprehensión. Lo que se ha hecho es presentar la denuncia (por prevaricato contra Huacani) y la Policía, por la norma sobre delitos en flagrancia, actuó de inmediato (…), no se necesitaba una orden fiscal”, explicó a Página Siete el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Roberto Barbosa.

Pero, la Policía depende del Ministerio de Gobierno y obedece sus órdenes por lo que es difícil creer que los oficiales que detuvieron al juez hayan actuado sin orden expresa. A no ser que, en un acto sobrenatural e inexplicable, se haya roto la cadena de mando, tal como ocurrió cuando ejercía el cargo de ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, en el caso Chaparina.

La detención del juez fue condenada por organismos internacionales, los que ya han puesto los ojos sobre Bolivia para vigilar el cumplimiento de los derechos ciudadanos que, de un tiempo a esta parte están siendo vulnerados, entre ellos, el derecho al debido proceso y la libertad de expresión. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha pedido una investigación al respecto y la ONG Human Rights Watch (HRW) ha calificado el hecho como “un desvarío”.

Para poner en contexto, hay que señalar también que el juez Huacani tiene varios antecedentes de haber beneficiado a acusados del MAS, entre ellos al propio Evo Morales en el caso Zapata, al exasambleísta Gustavo Torrico, a quien otorgó detención domiciliaria, y ahora a una excolaboradora de Quintana. 

Todo indica que el juez forma parte de la estructura masista levantada durante 14 años en la justicia. Su actuación no es transparente y sus actos pueden esta reñidos con la ley, pero, si el Gobierno quiere juzgarlo debe hacerlo siguiendo los pasos legales y presentando las pruebas que considere necesarias y no procediendo a una detención arbitraria, lo que habla peor del Gobierno que del propio juez. 

De hecho, el Ministerio de Gobierno ya presentó una demanda ante el Ministerio Público en contra de Huacani, que es por donde debió empezar toda esta historia, con lo que se hubiera evitado  el rocambolesco arresto.
 

 

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