Editorial

Dos exministros con detención domiciliaria

miércoles, 24 de junio de 2020 · 00:15

Este diario ha mantenido con insistencia la necesidad de defender la presunción de inocencia y el derecho de las personas a defenderse en libertad. Ello va a contramano de la tradición de la justicia boliviana, cuyos operadores (policías, jueces y fiscales) parecen gozar con las detenciones preventivas, que son, de hecho, indefinidas.

Por eso considera que es una buena noticia que dos exministros, el de Gobierno de la gestión del MAS  Carlos Romero  y el de Salud del actual periodo de transición  Marcelo Navajas, hayan sido beneficiados con detención domiciliaria. Las dos decisiones se produjeron con diferencia de horas.

Romero está acusado en el denominado caso de la entidad Uelicn, por el que enfrenta denuncias por la contratación irregular de servicios de mantenimiento de aeronaves de la lucha antidroga. Navajas, por su parte, fue denunciado en el marco de la compra con supuesto sobreprecio de 170 ventiladores españoles, que ahora están inoperativos debido a que les faltan los accesorios.

Que los jueces que vieron estas causas hayan decidido que sigan en detención domiciliaria no implica que sean considerados inocentes. De hecho, seguirán teniendo limitación de movimiento, precisamente debido a que deben permanecer en sus domicilios (Navajas cumplirá su pena en una clínica de su propiedad por su delicado estado de salud).

Ahora la justicia deberá comprobar que ambas exautoridades cometieron delitos y establecer las sanciones pertinentes. Mientras tanto, los dos podrán defenderse no desde la celda de una prisión.

Las detenciones preventivas, en Bolivia y cualquier otro país, tienen que darse sólo en casos excepcionales y justificados, por ejemplo cuando existe efectivo riesgo de fuga, si se considera que hay el riesgo de que el sospechoso cometa otro delito si sigue en libertad o interfiera en el curso de las investigaciones.

Los jueces bolivianos, por lo visto afectados por una formación autoritaria y alejada de los derechos de las personas y del debido proceso, establecen casi en el 100% de los casos las detenciones preventivas. Es el mal de la justicia boliviana, que luego genera que un 70% o más de los detenidos sufran el encierro sin que un juez hubiera establecido una sentencia.

Si una posible explicación es la formación autoritaria de los jueces, la otra es la mera corrupción: una vez que está preso, al pobre ciudadano, que todavía es inocente porque un juicio justo no ha comprobado su culpabilidad, no le queda más que someterse a los abusos y exacciones del sistema judicial. Esta es una de las grandes reformas pendientes de la sociedad boliviana.
 

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