Editorial

Campaña sobre los siete refugiados

lunes, 29 de junio de 2020 · 00:15

En Argentina ha empezado una campaña para que los siete refugiados que están actualmente en la residencia de la Embajada de México en La Paz obtengan del Gobierno boliviano los salvoconductos necesarios para poder abandonar el país. Esta campaña crecerá con el tiempo y el tema se convertirá en una papa caliente para éste y el futuro gobierno.

Quienes están en esa residencia por algo se refugiaron allí. Decenas de otras autoridades del gobierno de Evo Morales simplemente salieron del país, porque no tenían orden de aprehensión, o se mantuvieron en el territorio nacional. ¿Por qué estos siete sí buscaron refugio? Los casos más evidentes son de aquellas personas que tuvieron que ver con la represión durante los 14 años de gobierno del MAS, como el exministro Juan Ramón Quintana; la generación de gravísima polarización en los días previos a la caída de Evo Morales, como Javier Zavaleta; o haber controlado la justicia para perseguir a opositores, como Héctor Arce.

Existen, como decimos, serias acusaciones contra varios de esos siete refugiados. Representan lo peor del régimen anterior, es decir el abuso, la mentira y la persecución. ¿Pensaba Quintana que no iba a tener castigo después de las decenas de muestras de arbitrariedades que cometió? ¿Cree él, como principal sospechoso de haber sojuzgado al anterior TSE, que podrá librarse y que se le abrirán fácilmente las puertas del exilio? ¿Cree que todos los atropellos que cometió por ejemplo en el Beni, empezando por haber anulado a 228 candidatos de Demócratas en los comicios de 2014, ya fueron olvidados? ¿Y Arce Zaconeta, sospechoso de haber generado un daño económico de 42 millones de dólares por la pésima gestión que hizo del caso Quiborax, merece vivir libremente en el exterior? Podríamos seguir.

El problema es que muchos de los siete que están asilados son perseguidos por éstas y otras razones, pero las acusaciones señalan otras causas. Por otro lado, el Estado les debe garantizar procesos justos. Hoy por hoy eso está lejos de poder conseguirse. Tal vez podría pensarse en que alguna entidad internacional supervise las acusaciones contra ellos, para que se garanticen sus derechos.

Un apunte final: si ellos creen que merecen obtener el salvoconducto respectivo, ¿por qué cuando fueron autoridades no apoyaron esa idea en el caso del fallecido senador Roger Pinto, que estuvo 15 meses en la Embajada de Brasil sin haber cometido delito alguno? 

Así que los siete refugiados masistas no tienen mucho que exigir. Su única esperanza en el corto plazo es que el MAS retorne al poder. De lo contrario, sus casos no serán resueltos con facilidad.
 

 

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