Editorial

Llamadas que hacen los sospechosos

martes, 9 de junio de 2020 · 00:15

En agosto de 2011, en el marco de la marcha por el Tipnis, el presidente Evo Morales mostró los extractos de llamadas que establecían que dirigentes indígenas habían tenido comunicación con representantes de la embajada de EEUU. Aunque no se hizo conocer el contenido de las conversaciones, sí se dio un listado de ellas y con eso se intentó restar le legitimidad a la marcha antigubernamental.

Cuando ello ocurrió, personeros de la oposición de entonces, muchos de los cuales están hoy en el Gobierno, denunciaron el hecho como ilegal. Excepto por orden de un juez, nadie puede difundir con qué personas se comunica cada ciudadano. Es una violación a su privacidad.

Abogados constitucionalistas señalaron entonces que la Constitución Política del Estado (CPE) admite en su artículo 25 la restricción del derecho a las comunicaciones privadas vía correspondencia, pero sólo tras orden judicial.

El mismo artículo, parágrafo 3, establece que “ninguna autoridad pública ni persona particular u organismo podrá interceptar conversaciones telefónicas a través de la instalación de sistemas de intercepción”.

Aunque un fiscal pida los resúmenes de llamadas a las diferentes compañías telefónicas, esa prueba no tendría valor legal si no es pedida por un juez, en medio de un proceso previamente iniciado y después de  una denuncia formal.

Un caso más grave se dio durante el denominado Caso Hotel Las Américas. Zvonko Matkovic estuvo preso durante una década por haber mantenido una llamada telefónica de 20 segundos con el acusado Eduardo Rózsa.

Lamentablemente las mismas prácticas están vigentes hoy. ¿Cómo es que el Gobierno actual difunde con quiénes se han comunicado los sospechosos del caso respiradores? ¿No fue declarado el caso en reserva por la justicia? Además, ¿cuál es el valor de esa información excepto intentar afectar a las personas con las que los sindicados mantuvieron llamadas? ¿Cree el Gobierno que las personas con las que los sospechosos hablaron son cómplices? ¿Y en ese caso no debería acusarlos formalmente?

La democracia y el Estado de Derecho generan una serie de resguardos para las libertades y el respeto a los derechos de las personas. La desgastada máxima de que las personas son inocentes mientras no se pruebe lo contrario  tiene un profundo significado y sobre ella descansa la protección de los derechos básicos.

Con actitudes autoritarias y violaciones al debido proceso, las autoridades están demostrando que realmente no creen que el debido proceso y la presunción de inocencia son valores que deben ser defendidos.
 

 

Mensaje de Raúl Garáfulic, Presidente del directorio de Página Siete

El coronavirus ha causando la peor crisis económica que me ha tocado vivir en casi 40 años de experiencia profesional y algunos expertos anticipan que la recuperación podría tomar un par de años.

La dramática caída de nuestros ingresos ha puesto en riesgo la estabilidad financiera de Página Siete.

Para salir de la crisis necesitamos reinventarnos hacia contenidos digitales y un paso en esa dirección es nuestra nueva aplicación PaginaSietePro, que está disponible en Apple Store y Google Play.

La aplicación contiene información en tiempo real, la versión completa del periódico impreso y próximamente, información y servicios exclusivos que no estarán disponibles en otras plataformas.

Tu suscripción a la aplicación nos permitirá seguir ejerciendo un periodismo de calidad, con la información completa y el análisis y contexto que nos caracteriza.

Medios de comunicación independientes y valientes son imprescindible para la vida en libertad y democracia. Página Siete lo demostró en varios momentos difíciles que nos tocó vivir durante los últimos años.

Muchas gracias por tu apoyo.

Para suscribirte, descarga la aplicación de Apple Store o Google Play haciendo clic en uno de los siguientes botones:

Apple Store

Google Play

Consultas


   

114
13

Otras Noticias