Editorial

La Gestora y los contratos autorizados por Arce

domingo, 12 de julio de 2020 · 00:15

El exministro de Economía y actual candidato a la presidencia por el MAS, Luis Arce, toma el camino más simple, pero a la vez el más incorrecto, ante las críticas que recibe. Hace poco, cuando el actual gerente de la Gestora Pública de Pensiones denunció las erráticas y casi con seguridad irregulares contrataciones de onerosos sistemas de software que Arce realizó, se limitó a decir que lo que el gobierno busca es “proscribir” su candidatura. Buena manera ha encontrado el exministro para eludir su enorme responsabilidad en este tema. Seguro que cuando siga siendo criticado por otros hechos de posible corrupción, insistirá en que se trata de ataques políticos.

En el caso de los gastos de la Gestora es evidente el deficiente accionar de Arce, que cree ser el mejor economista de Bolivia. Pero el mejor economista de Bolivia no pudo, en años, dar inicio al trabajo de la Gestora, pese a los millones invertidos y los polémicos contratos autorizados. El primer anuncio de que se iba a crear esa entidad estatal, para reemplazar el trabajo de las administradoras de fondos de pensiones, data de 2010. Pasaron 10 años, el proyecto no avanzó, y en el proceso se gastaron millones de dólares en consultorías inútiles. Se podría decir que ello fue, al final, una suerte, porque haber dejado los fondos para la jubilación de los bolivianos en manos de las autoridades del gobierno anterior era en extremo riesgo.

La contratación de los sistemas de software de la Gestora, que fue ampliamente discutida durante el gobierno anterior, ahora tiene más luces, precisamente gracias a que nuevas autoridades han podido analizar los confusos y, casi con seguridad, actos corruptos de la gestión de Arce.

El gerente de la Gestora Pública, Sergio Flores, confirmó que Arce ordenó la compra de un software para esa entidad de la empresa panameña Sysde, lo que generó una pérdida de más de tres millones de dólares porque el producto nunca fue entregado. Como el contrato original era mayor, la empresa pidió un arbitraje y el Estado boliviano terminó pagando 250 mil dólares adicionales a un bufete de abogados… panameño. La empresa Sysde era virtualmente fantasma o por lo menos eso se desprende del hecho de que nunca entregó el software, que debía ayudar a hacer la migración de los datos de los aportantes a las AFP a la nueva entidad. Incluso, dijo, Flores, cuando los técnicos de esa compañía llegaron a trabajar a Bolivia, el Ministerio de Economía les prestaba hasta las computadoras.

Luego Arce intentó contratar a la empresa colombiana Heinsohn, con la que se firmó un contrato con un supuesto sobreprecio de más de cinco millones de dólares. La firma se hizo tres días después de las elecciones generales del 20 de octubre, cuando ya se había iniciado la convulsión social en el país que terminó con la renuncia y fuga del expresidente Evo Morales.

El supuesto, pero probable sobreprecio se comprueba en el hecho de que en 2017 la empresa Heinsohn se presentó a la licitación de la Gestora y ofertó el software en 5,4 millones de dólares. Dos años después, en 2019, Arce autorizó que se hiciera una invitación directa y se la contratara por 5,4 millones adicionales, es decir 10,9 millones dólares por el alquiler del software (ni siquiera la adquisición). Es insólito y es indignante. Y es sorprendente que la dirigencia masista no exija una aclaración al respecto. ¿Cómo es que en dos años el mismo ministro Arce autoriza contratar a la empresa colombiana aceptando un precio de 5,5 millones de dólares más alto?

Este no es el único asunto polémico del larguísimo paso de Arce por la administración pública. No ha aclarado los gastos que autorizó para el Fondo Indígena y para decenas de “elefantes blancos”, que valieron en total 2.000 millones de dólares. También, hace poco salió la noticia de que autorizó el gasto de 6,9 millones de bolivianos en vidrios blindados y otros equipos de seguridad, como un “servicio ultrasónico”, para el palacio que se mandó a construir, a los que se deben sumar los 10 millones de bolivianos que erogó en alfombras persas y muebles importados. Las autoridades del Ministerio de Economía tienen que hacer una auditoría a la construcción del edificio, que seguramente hallará grandes sorpresas. El país necesita que se le den estas  explicaciones.

 

 

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