Editorial

Meritocracia de regreso a la diplomacia

martes, 14 de julio de 2020 · 00:15

La canciller Karen Longaric anunció hace unos días que se retomará la institucionalización de los cargos en la Cancillería y se actualizará el escalafón diplomático bajo los parámetros de la meritocracia y la inclusión. Según Longaric, es una medida para devolver al servicio exterior boliviano la fortaleza y solidez que necesita tener para representar al país en diversas instancias.

Recordemos que durante el régimen del MAS se puso en vigencia la Ley 465, en diciembre de 2013, que dispuso la necesidad de organizar e implementar el nuevo “Servicio de Relaciones Exteriores” en un plazo máximo de dos años. No obstante, no se cumplió ese mandato.

Como resultado de ello, las designaciones diplomáticas se hicieron durante más de 10 años basadas en afinidades ideológicas, no así en la experiencia y la formación académica especializada, dejando en el olvido la carrera diplomática. 

Por supuesto que esto ha tenido un impacto en la aplicación de una eficiente política exterior del Estado y en muchos casos ha afectado la calidad de las relaciones de Bolivia con la comunidad internacional, lo que se tradujo en muchos fracasos en áreas diplomáticas, económicas y comerciales. 

“El principal beneficiario de un proceso de institucionalización es el Estado; Bolivia contará con profesionales idóneos pertenecientes a un sistema de calificación y evaluación de méritos de la más alta exigencia, acompañado por procesos permanentes de formación, capacitación, actualización y especialización”, dice la canciller y comenta que cuando asumió, en noviembre de 2019, solamente cuatro de 37 jefes de misión en embajadas bolivianas y representaciones ante organismos internacionales eran funcionarios de carrera o con experiencia en relaciones internacionales. Hoy, en julio de 2020, 23 de 34 jefes de misión son diplomáticos de carrera o tienen una amplia experiencia en la cooperación multilateral.

La propuesta de Longaric es oportuna. La desideologización de la política exterior para ponerla únicamente al servicio del país, y no de una coyuntura política; así como el respaldo a una carrera diplomática basada en  méritos y capacidades  son tareas impostergables para el país. Es de esperar que esta disposición sea efectiva en lo sucesivo, más allá del tinte ideológico de futuros gobiernos. En lo legal, su solidez se asienta en la Ley 465 del servicio exterior, aprobada durante el anterior gobierno, el año 2013; y el Decreto Supremo 4240, aprobado en el mes de mayo por el actual gobierno. 

A partir de la aplicación del nuevo escalafón, las reglas para la incorporación y los ascensos en los rangos diplomáticos estarán claras. 
 

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