Editorial

A un año del decreto de las quemas

sábado, 18 de julio de 2020 · 00:15

La organización Ríos de Pie tuvo la buena iniciativa hace unos días de proyectar fotos del incendio de la Chiquitania en el frontis del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en La Paz, y de la capilla del Cristo Redentor, de Santa Cruz. Lo hizo al recordarse el primer aniversario de la firma del DS 3973, que autoriza ampliar las quemas en la Amazonía y la Chiquitania y los desmontes en el Beni.

El DS tuvo consecuencias desastrosas. Aunque no se puede afirmar que el incendio posterior fue ocasionado solamente por esa norma, la verdad es que haber reducido las limitaciones que agricultores y ganaderos tenían para deforestar y quemar pastizales sin duda fue uno de los factores.

El actual gobierno tiene su propia lectura de las normas y afirma que las quemas ya estaban permitidas en Santa Cruz dese hacía 20 años y que lo único que se hizo en el decreto en cuestión fue añadir a Beni en la autorización. Afirma que lo que provocó el desastre es que se hubiera subido la autorización para desmonte de cinco a 20 hectáreas por familia, por la densidad poblacional creada artificialmente en la zona por parte del MAS para ganar elecciones.

Al final, casi seis millones de hectáreas, el territorio equivalente a dos veces Bélgica, fueron quemadas, medio millón de ellas de bosques y el resto, pastizales. El daño ecológico fue enorme y prácticamente el bosque seco chiquitano fue destruido. 

El DS fue aprobado por el gobierno del MAS, que recibía presiones de dos sectores: uno, los empresarios agropecuarios, que deseaban habilitar tierras para sus actividades, y migrantes del occidente que forman supuestas comunidades agrícolas y que terminan vendiendo la tierra a empresarios mayores.

En Sudamérica, la manera que tienen los agricultores para habilitar la tierra para un nuevo año agrícola es quemar los rastrojos de la cosecha previa, lo que puede provocar un descontrol como sucedió en la Chiquitania y la Amazonia. 

Esto es insensato, ya que esos bosques no tienen vocación para esas actividades y al final lo que se genera es la desertificación.

Las autoridades del gobierno actual criticaron al MAS durante los incendios y la actual presidenta, exsenadora Jeanine Añez, exigía la derogación del decreto mencionado. Ha pasado un año en el poder y no lo ha hecho. Y, si el gobierno cree que el  motivo del desastre es otro, entonces le toca cortar de raíz toda legislación que lleve a las quemas descontroladas, pero lo que no puede hacer es simplemente soslayar un tema que fue clave en el levantamiento de octubre y noviembre en contra del gobierno de Evo Morales. En el fondo, Demócratas y MAS actuaron en coincidencia en este tema.

 

 

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