Editorial

Delincuencia y abuso de poder

lunes, 3 de agosto de 2020 · 00:14

Que la ciudadanía se siente inerme ante los abusos y que no se siente resguardada ni por la justicia ni por las fuerzas del orden, es una verdad irrebatible y evidente. Pero, es asimismo evidente que combatir carencias con abusos, violencia con violencia, no enmienda faltas ni disminuye la injusticia.

Hace unos días se hizo viral un video en el que se veía a un ladrón que trató de hacerse con la cartera de una joven mujer en la Ceja de El Alto, siendo reprendido y golpeado brutalmente por un militar quien, a título de representante de la ley y el orden, pretendió tomar “justicia” por mano propia y reprender al delincuente por sus crímenes a punta de patadas e improperios.

No sólo que el militar en cuestión violó la ley al hacerse con la potestad de impartirla a su fuerza y criterio, sino que violó al mismo tiempo los deberes y obligaciones de la institución que representa, entre los cuales no está el hacer justicia con el uso de la fuerza.

Pero, lo peor de todo ha sido la reacción de la sociedad en las redes sociales: lejos de recibir sanciones o reproches, el efectivo militar fue felicitado abrumadoramente por personas que creen que es así como se combate el crimen. Es más, ni siquiera se conoce que alguno de sus superiores haya anunciado sanciones contra este accionar violento, ni se han escuchado explicaciones sobre este extremo comportamiento. Que la ciudadanía lo premie con su aplauso es una mala señal de la intolerancia que se ha impuesto en nuestros días, y de la discriminación que en vez de ser controlada tiene rienda suelta.

El país se encuentra terriblemente polarizado y parte de esta polarización se expresa en abusos de poder como el que se describe y el beneplácito de grupos de ciudadanos que creen que el uso de la violencia y el autoritarismo son aleccionadores. Pero, pueden ser también enemigos políticos, adversarios de ideas, o personas consideradas ajenas a su entorno social o de clase. De ahí a que estas manifestaciones se conviertan en actos de racismo, discriminación abierta y violencia consentida, hay un paso.

El castigo a quienes cometen algún delito no puede ser prerrogativa ni del barrio ni de la comunidad y mucho menos de las fuerzas militares o policiales, que están para evitar los crímenes, no para castigarlos. Lo que correspondía en el caso que se describe es que el militar que presenció el delito ponga al presunto delincuente en manos de las autoridades. Una vez más, como sociedad tenemos que preocuparnos cuando la ley de la selva se impone como código de convivencia y, peor aún, de acceso a la justicia. Se debe exigir sanciones a quienes violan estos principios y crean precedentes nefastos.

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