Editorial

La injusticia del caso Aramayo

martes, 4 de agosto de 2020 · 00:15

De los cientos o miles de casos de injusticias cometidas por el sistema judicial boliviano destaca el del exdirector del Fondo de Desarrollo Indígena y Campesino (Fondioc), Marco Antonio Aramayo.

En este caso se cumple la terrible paradoja de que quien es el denunciante termina como denunciado. Hoy pesan sobre él 85 procesos, todos ellos iniciados durante el gobierno pasado, al que Aramayo tuvo la temeridad de acusar.

Aramayo denunció el 9 de diciembre de 2015 que los dirigentes masistas Juanita Ancieta y Rodolfo Machaca habían pedido 300 mil bolivianos del Fondo Indígena para usarlos en la posesión de Evo Morales en Tiwanaku. Ello dio inicio a un proceso penal en su contra y posterior encarcelamiento, unos meses después. El ingenuo de Aramayo pensó que si denunciaba las malas prácticas el gobierno del MAS se iba a preocupar y tratar de aclarar los hechos. Al contrario, fue puesto tras las rejas.

Su situación no hizo más que agravarse cuando Aramayo denunció, en 2016, desde la cárcel de San Pedro, que de los 1.342 millones de bolivianos desembolsados en proyectos del Fondo, el 10%, es decir 132 millones, fueron pagados en calidad de “diezmos” a miembros del directorio de Fondioc.

Los fiscales, atizados por el MAS, lo acusan de haber tenido supuesta injerencia en las decenas de proyectos corruptos que desarrolló el Fondioc. Él ha explicado hasta el cansancio que ni aprobaba los proyectos (eso le correspondía al Directorio) ni tenía tuición alguna sobre los recursos que recibían los dirigentes indígenas directamente en sus cuentas bancarias. Todos los sospechosos están libres o bajo arresto domiciliario, incluida Nemesia Achacollo, la exministra que fue presidenta del Directorio del Fondo. El exministro Luis Arce,  quien autorizó las transferencias de unos 1.300 millones de bolivianos a las cuentas privadas, ni siquiera ha sido convocado como testigo.

El abogado de Aramayo, Héctor Castellón, recordó que su defendido entregó una lista de 4.400 personas que se beneficiaron con el desfalco. Pero nada ha servido para que los deshumanizados jueces y fiscales ordenen su liberación. Ya se sabe que ser procesado en Bolivia puede ser peor que ingresar al infierno.

Para agravar más las cosas, Aramayo sufre ahora de coronavirus, una enfermedad que no es precisamente la mejor para atenderse en una celda. Pero eso no es lo peor, lo peor es que según las acusaciones que ha recibido, de “incumplimiento de deberes”, él ya debería estar libre, porque la pena por esa falta es de cinco años. Él ya está más tiempo detenido. Es la característica demencial de la “justicia” boliviana.
 

 

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