Editorial

Respiradores e informe de la Procuraduría

martes, 22 de septiembre de 2020 · 00:15

El Dictamen Procuradurial 001/2020 de la Procuraduría General del Estado sobre la adquisición de los 170 respiradores devela irregularidades en el proceso de compra por parte del Gobierno y halla responsabilidades en 13 personas, entre funcionarios públicos y particulares.

El detalle de hechos y de constataciones de irregularidades presentadas por la Procuraduría es preciso y deja claro que se cometieron errores garrafales de procedimiento, evaluación, control de calidad y otros, sin eximir posible corrupción, y seguramente tendría que ser material importante para esclarecer este caso que ha marcado negativamente la gestión de la presidenta Jeanine Añez.

Sin embargo, llama la atención que este informe derive en acusaciones o presunciones peligrosamente argumentadas, algunas de ellas abiertamente desinformadas o tendenciosamente manejadas. Tal es el caso de Banco Interamericano de Desarrollo (BID), su representante en Bolivia, Alejandro Melandri, y el especialista sectorial, Luis Buscarons, a quienes acusa de “enriquecimiento ilícito con afectación al Estado” y “favorecimiento al enriquecimiento ilícito”.

En la explicación que se detalla se señala que estos altos funcionarios del BID habrían propiciado las irregularidades cometidas al otorgar al Estado boliviano la No Objeción para el financiamiento de la compra de los respiradores de marras y que, posteriormente, habrían negado información a la Procuraduría para la investigación que derivó en el dictamen que se comenta. Asimismo, que estos funcionarios se acogen en la inmunidad diplomática, supuestamente para evitar rendir cuenta sobre sus responsabilidades en la polémica contratación.

Decimos que es cuando menos una peligrosa y aventurada acusación porque cualquier autoridad debe estar al tanto del rol que todo organismo multilateral de financiamiento cumple al otorgar créditos a los Estados y cómo proceden los mismos para ello. Primero, el concepto de No Objeción (NO) es únicamente un criterio de elegibilidad que brinda el financiador a una solicitud de financiamiento. Es el Estado que la solicita el responsable de la contratación, verificación, calidad y uso de los productos que adquiere. En otras palabras, el organismo financiador actúa como una suerte de tesorero de unos recursos de los cuales el único responsable es quien lo solicita; con la NO simplemente se verifica que el dinero que se demanda en préstamo será usado para los fines que anuncia y señala el Estado solicitante.

De manera que acusar a una entidad financiera de una compra irregular o con indicios de corrupción es como que alguien que solicita un préstamo para la compra de un auto, culpe al banco que le otorga el crédito porque éste presenta desperfectos.

En cuanto a la información supuestamente negada, el financiador sólo puede informar sobre lo que tiene conocimiento, los detalles de la contratación, la compra y el producto adquirido deben ser brindados por las autoridades responsables. Si el propio Gobierno no ha podido  aclarar por qué eligió la empresa proveedora, por qué no tuvo un control de calidad, ni siquiera ha podido ubicar a todos los respiradores comprados, menos podrá hacerlo quien prestó al país, no a las autoridades de este Gobierno, los recursos.

Además de injustas y desinformadas, acusaciones como éstas dejan muy mal al país ante las entidades financiadoras, a quienes constantemente recurrimos. Primero, pues se incumplen acuerdos suscritos por el Estado; y segundo, porque muestran el alto grado de improvisación y ligereza en las investigaciones. Esto vale para el BID pero también para organismos que constantemente financian proyectos nacionales o subnacionales como el Banco Mundial, la CAF y otros.

El país necesita llegar a la verdad de los hechos en este caso, pero sin mezclar la paja con el trigo. El uso tendencioso, ligero y no exento de intereses políticos de este tipo de información no sólo desluce el trabajo de una institución, como es la Procuraduría, sino que demuestra que -una vez más- las investigaciones sobre las irregularidades en compras y contratos se quedan en más ruido que nueces. Es de esperar que el daño causado a estos funcionarios sea de alguna manera reparado por las autoridades nacionales, solamente con el apego a los convenios suscritos por el país con estas entidades.
 

 

 

 


   

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