Editorial

Una decisión política irresponsable

domingo, 17 de enero de 2021 · 05:15

Reynaldo Yujra, director de la ASFI, declaró a varios medios de comunicación que extender el diferimiento de los créditos bancarios otorgados al autotransporte pondría en riesgo la solidez y estabilidad del sistema financiero.

También explicó que un nuevo diferimiento afectaría la liquidez de la banca, limitando su capacidad de otorgar nuevos créditos. Además, aclaró que, como un 90% de los fondos administrados por los bancos pertenecen al ahorrista, el sistema financiero necesita la liquidez suficiente para devolver dichos depósitos ante cualquier eventualidad.

Finalmente, informó que en lugar de un diferimiento se decidió otorgar un período de gracia de seis meses para todos los deudores bancarios, en el cual no se pagará capital ni intereses, aunque éstos se acumularán para un posterior pago. Además, abrió la posibilidad de reprogramar deudas, ampliando el plazo de pago de las mismas, sin considerar que se trata de un contrato entre privados. 

Lastimosamente, aunque el gobierno lo niegue, esta medida aplicada a toda la cartera bancaria pone en riesgo la solidez y estabilidad del sistema financiero. Varios expertos nacionales y extranjeros imparciales lo han confirmado. 

Una de las principales funciones de la ASFI es precautelar la salud del sistema financiero. En este caso ha fallado estrepitosamente, cediendo a la presión política en un tema que debía ser de carácter técnico. Es una decisión irresponsable que traerá consecuencias de carácter social y económico.

En lo social, como el gobierno ha mostrado debilidad ante el reclamo del autotransporte, es un problema de tiempo antes de que otros sectores se movilicen para pedir prebendas sectoriales. La facilidad con que han obtenido este acuerdo probablemente provocará que pidan otros beneficios. Con la aplicación de esta medida política, el gobierno se ha comprado una bomba de tiempo de largo plazo, tal como le pasó al gobierno de la UDP.

En lo económico hay por lo menos cuatro consideraciones importantes que conlleva esta determinación: en primer lugar, el gobierno no tenía por qué haber dado un período de gracia a todos los deudores bancarios. Bastaba con que lo otorgue a los sectores que realmente lo necesitan, tal como inicialmente las mismas autoridades lo propusieron. El daño hubiera sido mucho menor.

Por otra parte, pasar la factura de la pandemia de la Covid 19 a la banca, además de ser inconstitucional, la debilita y ello dificultará la reactivación de la economía. Es el Estado a quien le corresponde financiar las medidas de reactivación ante la pandemia. De hecho, es lo que están haciendo la mayoría de los países del mundo, sin importar su inclinación política. 

 

En la actualidad es casi imposible obtener un nuevo crédito bancario por la falta de liquidez. Si esta situación se mantiene, podría llevar a la quiebra a muchas empresas, lo que incrementará el desempleo y, obviamente, limitará la inversión privada.

Adicionalmente, se ha dado un fuerte golpe a la cultura de pago de deudas, que tomó décadas construir. Si la presión social de un sector permitió el no pago de una deuda, en breve tendremos otros sectores intentando el mismo objetivo. Recordemos que todo el país tiene problemas económicos, que durarán mucho más de seis meses. ¿Cuáles serán las siguientes medidas de presión?, ¿podrá el sistema financiero que se caracterizó por su estabilidad durante décadas -especialmente durante el pasado gobierno del MAS- resistir este embate por tiempo indefinido?

Es absolutamente necesario el apoyo a diferentes sectores de la economía que han quedado maltrechos con la crisis ocasionada por la pandemia. Es importante pedir solidaridad con ellos y el sector financiero lo ha hecho durante los meses pasados de una manera esforzada y apreciable; sin embargo, el apoyo a un sector no debiera hacerse poniendo en riesgo a otro sector.

El presidente Luis Arce debe evaluar los daños colaterales de estas decisiones, pues el éxito de su gestión dependerá de su capacidad para sacar al país de la crisis económica actual. Arce no debe olvidar que esa es la principal razón por la que fue elegido presidente.
 

 

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