Editorial

La CIDH tiene doble vara para Bolivia

miércoles, 13 de octubre de 2021 · 05:15

En agosto, la defensa de Jeanine Añez presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pedido de medidas cautelares para la expresidenta, con la intención de que reciba protección y que sea trasladada de la cárcel a una clínica para recibir atención médica.

Pese a que existen evidencias de médicos, tanto públicos como privados, de que la exmandataria tiene un diagnóstico de al menos tres enfermedades, la CIDH le ha negado esa protección mes y medio después del requerimiento y ha pedido al gobierno que “continúe garantizando las condiciones dignas de detención, en cumplimiento de los estándares interamericanos mínimos en la materia”. Esto significa que, para la CIDH, la exmandataria se encuentra en condiciones dignas y no hay nada de qué preocuparse.

Lo que no toma en cuenta la CIDH es que Añez es una presa política, que está acusada de un delito inexistente, que, en su caso, el debido proceso es vulnerado todos los días porque, en su condición de exmandataria, debería ser sometida a un juicio de responsabilidades y, por el contrario, ella lleva siete meses detenida en una cárcel de Bolivia, país en el que todas las prisiones carecen de condiciones dignas para los reos.

Tampoco toma en cuenta la CIDH la precaria salud en la que se encuentra la exmandataria que, incluso, se autolesionó como expresión de desesperación, porque la justicia, totalmente alineada con el MAS, le ha ido aumentando las detenciones preventivas y rechaza todos sus pedidos para defenderse en libertad o para recibir atención médica privada.

En todo caso, no es de extrañarse que la CIDH actúe de esta manera, pues siempre ha tenido una doble vara para Bolivia, una para medir a los allegados del MAS y otra para sus rivales políticos. Fue el caso de la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, y de su representante en Cochabamba, Nelson Cox, que en vez de cumplir con su labor de defensa de la ciudadanía tomaron partido por el MAS, a tal punto que ahora Cox es el principal persecutor desde el Viceministerio de Régimen Interior. Ellos recibieron medidas cautelares en corto tiempo, cuando denunciaron intentos de toma de sus oficinas.

Cuando los oficialistas o sus afines piden ayuda, ésta no se pone en duda y, qué más faltaba, llega en tiempo récord. En cambio, cuando se trata de personas contrarias al MAS (ya no hablemos de opositores), como el exrrector Waldo Albarracín, la protección puede tardar casi medio año.

La defensa de los derechos humanos no debería tener color político porque entonces todos los organismos internacionales, que se erigieron como últimas instancias de lo que ocurre en los países, empezarán a perder credibilidad y su existencia misma quedará sobrando.

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