Editorial

Retroceder bajo presión

domingo, 17 de octubre de 2021 · 05:15

En menos de dos semanas, el gobierno de Luis Arce sufrió su segunda derrota en las calles. La primera fue la retoma del mercado de Adepcoca por parte de sus dueños, luego de que un grupo afín al MAS, con respaldo oficial del Gobierno y con la Policía a su servicio, había logrado controlar por unos días la sede cocalera. La segunda derrota es el retiro del proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, que provocó una movilización nacional, incluyendo a los sectores de la base social del MAS.

El citado proyecto había sido observado porque, según sus detractores, podía derivar en la persecución de ciudadanos bolivianos con base en su patrimonio, además de disponer la suspensión del secreto profesional, entre otros aspectos polémicos. El Gobierno, por su parte, había argumentado que el proyecto era parte de un paquete de medidas contra el lavado de activos que el país está obligado a adoptar para no caer nuevamente en la denominada lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La ley, como pocas veces sucede, ha logrado unir coyunturalmente  a sectores tan adversos entre sí como los comités cívicos y los gremiales o transportistas de El Alto, que protagonizaron movilizaciones para exigir que el proyecto quedara   sin efecto. El punto más alto de la protesta se vivió el lunes 11, cuando se desarrolló un paro cívico con  respaldo contundente en Santa Cruz y con seguimiento parcial en el resto del país, fecha en la que los gremiales protagonizaron multitudinarias marchas.

No faltaron las advertencias -lanzadas por los transportistas y por los cooperativistas mineros de continuar sus protestas en un par de días-, directamente contra Arce. “Nos vamos a ver en las calles y ahí vamos a ver quién gana”, había dicho el dirigente Braulio Arguedas, representante de los mineros auríferos.

También amenazó con las calles el presidente Arce, durante la jornada del wiphalazo, cuando quiso mostrar su fuerza social para frenar las protestas. En esa línea no faltó el masista que dijo estar dispuesto a morir o matar en esta batalla, o el que arengó con “guerra civil” para defender al Gobierno.

Pero, antes de que la sangre llegara al río, el Gobierno decidió retirar el proyecto, que ya había sido aprobado en Diputados y estaba listo para su tratamiento en el Senado. Arce dijo que tomó esa decisión “porque (mantenerlo) iba a generar convulsión”.

Pero, pese al retroceso, el MAS sigue defendiendo la validez del proyecto y culpa a la oposición por haber propalado información falsa para provocar las movilizaciones, lo que significa que el MAS traiciona su retórica de gobernar escuchando al pueblo. En esta ocasión es el pueblo, incluido el pueblo que vota por el MAS, el que le pide frenar éste y otros proyectos.

Pero, si el Gobierno creía que podía desactivar el conflicto retirando este proyecto se equivocó,  porque ahora los sectores, conscientes de su poder e informados de que el Gobierno no sólo quiere aprobar una ley, sino que está poniendo en marcha un paquete legislativo destinado a centralizar poder y a controlar la información de los bolivianos, piden la abrogatoria de leyes ya aprobadas, como la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Contra el Terrorismo, que es una especie de ley “madre” en esta temática.

Esta estrategia, que fue legalizada con esta norma, pone el foco en la actividad informal, lo que ha despertado las alarmas de los sectores que trabajan justamente en la informalidad, es decir, la mayoría de los bolivianos. Pero no sólo eso, sino que da poderes especiales a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para que pueda iniciar investigaciones de oficio, es decir, sin un requerimiento fiscal o judicial.

Pese a que lo hizo bajo presión, la decisión del Gobierno de retirar el proyecto contra la legitimación de ganancias ilícitas es una buena señal de equilibrio en sentido que el MAS no tiene un cheque en blanco para gobernar y, si bien en la Asamblea no hay frenos ni contrapesos a sus ímpetus autoritarios, éstos pueden venir de la calle, de parte de su misma base social.

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