Editorial

La desprotección de La Paz

sábado, 23 de octubre de 2021 · 05:14

La Paz lleva décadas sufriendo el embate inmisericorde de sus propios ciudadanos. Lo mejor y más preciado de su patrimonio natural es precisamente el blanco de las afrentas recurrentes. No tienen pausa, nadie es capaz de ponerle freno a la violenta arremetida.

Los testimonios están plasmados en el entorno, en los rastros de cumbres derrotadas y horizontes truncados por edificaciones profusas que han proliferado arbitrarias contra toda planificación posible.

Si bien el crecimiento urbano en Bolivia tiene como constante el avasallamiento, el abuso del poder y la ausencia absoluta de respeto a las leyes y al entorno, en La Paz esta situación adquiere ribetes dramáticos. Mientras que el loteamiento se ha convertido en una actividad rentable y naturalizada en un país en el cual la justicia no funciona, las autoridades son rebasadas y los infractores encuentran la forma de hacer prevalecer su impunidad, en La Paz esto ha tomado con frecuencia matices de legalidad y está causando daños irreparables.

De esta forma, aparecen urbanizaciones y desaparecen cerros como por arte de magia. No se trata de delitos en regla, porque la mayoría tiene “papeles” y autorizaciones, pero nadie se hace responsable de los efectos y las consecuencias de esas obras.

El ejemplo más reciente ha sido nuevamente motivo de escándalo y preocupación ciudadana, pero habrá que ver si toda esta indignación no acaba, como siempre, en un silencio posterior y cómplice.

Se trata de los cerros ubicados detrás del Club de Golf y algunas urbanizaciones ya asentadas en la zona. Resulta que hace unos días –nada menos que el  20 de octubre, día de la fundación de esta noble ciudad- se avizoraron máquinas que empezaron a aplanar las cumbres que rodean el lugar. No es la primera vez, es más bien una amenaza recurrente a la que los lugareños llevan tiempo intentando combatir sin éxito. Según lo reportado, una persona, a nombre de una familia, se atribuye el derecho propietario del lugar y ha anunciado que, en uso de tal prerrogativa, procederá a realizar obras para la construcción de una urbanización. Los reclamos de los vecinos van en sentido de que: 1) esta es un área protegida y; 2) obras de esa naturaleza representan un riesgo para la región, especialmente en época de lluvias. Autoridades municipales se han presentado en la zona y han ordenado la paralización de los trabajos. “Hemos venido para hacer la consulta (a los supuestos propietarios) y saber si tienen alguna autorización. Sin embargo, a simple vista, no podrían hacer ningún movimiento de tierras porque  este sector es considerado como un área de preservación natural”,  explicó un funcionario municipal.

De hecho, la calificación de área natural fue otorgada por ley municipal y está inscrita en la norma de Uso de Suelos que establece cuáles son las áreas permitidas para edificación y  los parámetros de construcción. De modo que, aunque exista un legítimo derecho propietario privado, este no puede estar por encima de la condición de intangibilidad de la zona y tampoco del bien común de quienes la habitan.

Este es el punto nodal: los papeles de propiedad, el tráfico de “autorizaciones” de un municipio a otro, las presiones económicas y otras, se han generalizado para darle visos de legalidad a estos avasallamientos. Incluso se puede decir que muchas autoridades locales y nacionales son parte de estas arbitrariedades. Pero, nada de esto puede ni debe normalizar estos actos de atropello al medio ambiente y al bienestar de las personas. Tener un derecho propietario no es carta blanca para hacer lo que uno quiera, y esto implica desde “comprar” los cerros hasta edificar en ellos.

La propia Constitución Política del Estado (CPE) protege la propiedad privada, pero ésta  debe estar sujeta al bien común y este es el criterio que debería primar en el momento de apostar por la expansión urbana de una ciudad; mucho más en tiempos de cambio climático y sus consecuencias.

Solo resta no bajar los brazos como ciudadanos y presionar a las autoridades para que pongan freno a los proyectos que amenacen el equilibrio de la ciudad. La Paz ha sufrido bastante por el relajamiento de este cuidado y es hora de acabar con su desprotección.

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