Editorial

Coca, narcotráfico y el papel de Bolivia

lunes, 25 de octubre de 2021 · 05:14

La semana pasada concluyó con tres noticias que reflotaron una vieja pregunta ¿cuál es el papel que juega Bolivia en el creciente negocio del narcotráfico en la región? Todo apunta a que mantiene un rol protagónico.

Primero, una investigación periodística desde Lima reveló la fuerte influencia del principal dirigente de los cocaleros del país, el expresidente Evo Morales, en los planes para aprobar en Perú una ley de legalización plena de la hoja de coca, materia prima de la principal droga que se exporta desde la región.

El argumento es el mismo que se utilizó en Bolivia durante su gobierno, cuando se decidió subir las plantaciones legales del arbusto de 12.000 a 22.000 hectáreas: la defensa del consumo tradicional y la industrialización.

El asunto es que en Perú hay actualmente 60.000 hectáreas, con proyección de llegar a 100  mil en 2022 (lo que supone una capacidad de producción de 180 mil toneladas de hoja de coca) y el mercado tradicional sólo requiere el 7% de esa producción.

Si se replica la experiencia boliviana de industrialización, que fue un fracaso, el 93% restante será coca destinada al narcotráfico, cuya producción, sólo en el Vraem (zona donde se cultiva más de la mitad de la coca peruana), subió de 112 toneladas de cocaína en 2012 a 280 toneladas en 2020 (datos de una investigación realizada por El Comercio).

La influencia también se refleja en el anuncio que hizo el presidente Pedro Castillo de construir un aeropuerto en esa misma zona, tal como hizo Morales en el trópico de Cochabamba en 2015, cuando inauguró la terminal área “Soberanía” de Chimoré, que cuatro años más tarde recibía en promedio cinco pasajeros por día y finalmente fue cerrada.

Luego, esta vez desde Brasil, llegó la noticia de que Bolivia se había convertido en el santuario del denominado “Narcosur”, la cabeza del peligroso Primer Comando de la Capital (PCC) que opera conjuntamente a la mafia italiana para comercializar drogas, una buena parte de producción peruana, en Europa.

Según la investigación del diario O Estado de Sao Paulo, los capos de este cártel, que es además el de mayor crecimiento en el mundo, se mueven con facilidad en Santa Cruz, en parte por la protección de malos policías y militares. El gobierno acusó al medio de haber publicado información falsa con fines políticos e incluso anunció un juicio, pero no dijo si investigará las denuncias, que es lo que se espera cuando hay acusaciones tan graves.

Pero, más allá del desmentido del Gobierno, lo cierto es que hay evidencias de que el PCC opera en Bolivia desde el año 2010, así lo prueban los detenidos que cayeron en cárceles bolivianas y los muertos que este cártel fue dejando en sus diferentes operaciones en el país. Ahora la pregunta es si, además de estas operaciones, los líderes agrupados en Narcosur viven en Bolivia bajo protección de autoridades policiales.

Para rematar, y en llamativa coincidencia con las denuncias de O Estado de Sao Paulo, el viernes se conoció que el jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de Santa Cruz, Álex Bedoya, había ordenado a un capitán de la Policía que libere un camión que había detenido en la carretera principal entre Cuatro Cañadas y Pailón porque se encontraba repleto de precursores para el narcotráfico.

Según reportes oficiales, el vehículo con placa 1668-HRD llevaba 300 kilos de soda cáustica, 325 kilos de cloruro de calcio, 1.975 kilos de meta bisulfito y 90 kilos de úrea, además de 2.400 litros de acetato de etilo y de 1.656 kilos de ácido sulfúrico. No contaba con documentación de respaldo para su transporte y el chofer se negó a revelar la identidad del propietario del cargamento.

Esta cadena de hechos vuelve a despertar la preocupación sobre el papel del país en el circuito del narcotráfico. Alentar la legalización plena de la materia prima en un país que produce droga que luego envía al mundo pasando su cargamento por Bolivia, donde hay jefes antidroga que protegen la actividad del narcotráfico, no es lo más indicado cuando se trata de combatir el narcotráfico.

Lo que se debe hacer es combatir en todos los puntos de la cadena de producción e investigar las denuncias en lugar de enjuiciar a quienes las hacen. Y claro, si en el trayecto se prueba que las denuncias fueron motivadas por otros intereses, también caer con todo el peso de la ley contra los responsables.

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