Editorial

Justicia y dinero, pedidos de las víctimas

viernes, 29 de octubre de 2021 · 05:15

Las víctimas de los hechos violentos de Sacaba y Senkata, ocurridos en noviembre de 2019 durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez, llegaron a La Paz esta semana en una marcha que partió desde Caracollo con un pliego de 22 puntos que se puede resumir en dos aspectos: justicia y dinero.

Hay que recordar que, durante el gobierno de Añez, los familiares de 16 fallecidos en Senkata recibieron el resarcimiento de 100 mil bolivianos, por eso llamó la atención que nuevamente se hubiera planteado una lista de demandas económicas.

En esta ocasión, la lista de pedidos incluye la dotación de 50.000 bolivianos para cada herido, 10.000 bolivianos por cada sepelio, trabajo con inamovilidad funcionaria para todos los familiares de muertos, heridos y torturados con un sueldo mínimo de 5.000 bolivianos, el cual debe ir en aumento de acuerdo con  los ajustes anuales dispuestos por el Gobierno, devolución de gastos procesales, pago de un seguro de salud para todos, pago de gastos médicos, dotación de viviendas sin contraparte y entrega de créditos con 0% de interés.

Los hechos de Sacaba y Senkata son condenables desde todo punto de vista, pero la lista de pedidos de los familiares y de las víctimas está revelando un afán de lucro de parte de las familias.

Frente a estas demandas, el Gobierno se ha comprometido a trabajar en un plan de reparación integral, que incluye los pedidos económicos, aunque el detalle de los mismos será discutido la próxima semana. Por otro lado, el Ejecutivo ha ofrecido un fondo de reactivación del sector, lo que tiene que ver con el pedido de dotación de créditos para mejorar la economía de las familias.

Además, el Gobierno también ha dispuesto la realización de un censo de víctimas, porque, claramente, la lista va creciendo cada día que pasa.

La otra demanda que se encuentra en el pliego es justicia. Los marchistas piden el inicio de un juicio de responsabilidades en contra de Jeanine Añez, juicio ordinario para sus ministros, además de baja y sanción de policías y militares involucrados en los sucesos.

Antes de esta demanda, el Gobierno había decidido impulsar el juicio ordinario contra Añez por el denominado “golpe de Estado” y había dejado pendiente de justicia los casos de Sacaba y Senkata, los que requieren ser tratados en un juicio de responsabilidades. El acuerdo inicial con las víctimas indica, sin embargo, que se impulsará el proceso por las dos vías.

Perder a un familiar producto de la violencia política es doloroso, hacer justicia es lo menos que se puede pedir, pero, de ahí a exprimirle al Estado con una enorme lista de asignaciones económicas, hay un buen trecho que juega en contra de la legitimidad del movimiento.

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