Editorial

Calvo y la criminalización de la protesta

sábado, 20 de noviembre de 2021 · 05:15

Enjuiciar a un dirigente cívico por haber impulsado un paro de actividades en procura de lograr la derogatoria de una ley que era peligrosa para el país, no puede llamarse otra cosa que persecución.

El MAS ha denunciado al presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, por sedición y conspiración luego de haber liderado el paro de nueve días en contra de la Ley 1386, que finalmente fue abrogada por el oficialismo, con la admisión del propio Evo Morales de que su anexo era desconocido para el país.

Enjuiciar a Calvo por esta protesta es un contrasentido porque el MAS terminó cediendo a la demanda y, si hubiera algún delito, que no lo hay, el enjuiciado tendría que ser quien firmó la abrogatoria.

En todo caso, el MAS se agarra de una frase sacada de contexto para acusar a Calvo, aquella en la que señaló: “Ha sido categórico (Potosí), ha dado un ultimátum, sectores fuertes, sectores humildes, sectores que estaban con el Gobierno como los hermanos mineros van a estar en las calles y van a tumbar a este Gobierno”.

Hay que hacer notar que Calvo no dijo que ése sea el objetivo del movimiento cívico, sino que ha expresado algo que podía ocurrir si es que la protesta continuaba, habida cuenta de  que los mineros, armados de dinamita, tienen fama de usar su fuerza para hacer caer gobiernos.

En todo caso, es probable que esta misma lectura haya hecho el Gobierno y por eso terminó cediendo, pues los sectores que le son afines, entre ellos gremiales, transportistas y cooperativistas, no iban a aflojar la protesta hasta  ver cumplido su objetivo.

La Fiscalía, que está al servicio del MAS, en una inusual rapidez aceptó el caso y ya designó al encargado de investigar al dirigente cívico. No sólo eso, sino que el ministro de Justicia, Iván Lima, reveló que 35 procesos pesan sobre el cívico y que la mayoría de ellos fueron planteados por el alcalde cruceño, Johnny Fernández. La autoridad gubernamental, aprovechó para pedir informes de esos casos a la Fiscalía, lo que equivale a dar una orden para acelerar las investigaciones y cercar a Calvo con juicios penales.

“Al ser un tema de interés público, se están pidiendo los informes respectivos y el Ministerio Público debe actuar, él tiene las garantías de un debido proceso, pero necesariamente los casos no pueden quedar en la impunidad ni olvidados”, sentenció Lima.

Estas acciones, además de ser un acto abierto de persecución en contra de un dirigente cívico, representan la criminalización de la protesta y son un precedente para que ningún otro sector ni dirigente se atreva a levantar la voz en contra del Gobierno.

Independientemente del tono altisonante y conservador de Calvo, la gente que pelea por las libertades en Bolivia debe rechazar los últimos juicios en su contra porque se convierten en un nefasto precedente para el resto de los bolivianos.

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