Editorial

Retrogusto dictatorial

sábado, 11 de diciembre de 2021 · 05:15

Para qué hacer las cosas bien si se las puede  hacer  mal. O, para qué respetar las normas democráticas, si pueden saltárselas. Esa parece ser la lógica del gobierno de Luis Arce cuando despliega  2.000 policías desde seis departamentos para tomar Potosí en una noche pacífica, cuando irrumpe en el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) rompiendo puertas y causando destrozos,  pese a que la portera podía abrirles la puerta; cuando hace desaparecer personas por varias horas sin que sus familiares sepan dónde se encuentran pudiendo cumplir el debido proceso en las aprehensiones.

La palabra “desaparecido” es propia de las dictaduras y, entre más veces se la pronuncie en el marco de una democracia, el gobernante debería preocuparse porque significa que está pasando la línea marcada por el Estado de derecho.

La tarde del jueves comenzaron las conjeturas sobre algo serio que podría ocurrir en Potosí, porque desde diferentes departamentos partían buses llenos de policías hacia la Villa Imperial. Antes de que esos buses llegaran, un centenar de uniformados ingresaron  por la fuerza a las oficinas cívicas de Potosí buscando algo o a alguien y, de paso, rompiendo de todo un poco.

Finalmente, el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, dio la alerta de que Marco Pumari, exdirigente cívico y actor clave en las movilizaciones de 2019,  había sido detenido. En realidad, Pumari estuvo en calidad de desaparecido hasta media mañana de este viernes, mientras su esposa clamaba porque le dijeran dónde se encontraba. Apareció en una celda en  Betanzos y sólo entonces se informó que había sido aprehendido en el marco de un proceso por la quema del Tribunal Electoral Departamental de Potosí ocurrida en noviembre de 2019.

Su esposa contó que Pumari salió de su casa a las cuatro  de la tarde del jueves, que no regresó más y que su vehículo fue hallado abandonado en alguna parte con las llaves dentro.

La defensa de Pumari asegura que éste no fue citado por este caso como manda la ley y, de hecho, se conoce que la orden de “allanamiento, registro, requisa y secuestro” salió a las 20:40 del jueves cuando los contingentes policiales ya estaban en marcha hacia Potosí. Así actúa el Gobierno, primero pone en marcha los operativos y luego los fiscales, a pedido, firman las órdenes que sean necesarias. Eso no puede ser debido proceso, eso es violación de garantías constitucionales de las personas. También se reportó  el arresto del hermano del cívico Ramiro Subia (seguramente por error), quien denunció que fue golpeado por los agentes.

Vaya infeliz coincidencia, ayer fue el día de los derechos humanos y, en el caso de Bolivia, resultó ser el día de la violación de los derechos humanos de los cívicos, por ser contrarios al MAS, por haberse atrevido a ser rebeldes, por no bajar la cabeza.

 

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