Editorial

Confrontación en el mes de la Navidad

domingo, 12 de diciembre de 2021 · 05:15

Cuando los bolivianos comenzábamos a cicatrizar las heridas de un nuevo paro cívico que a Potosí le costó una vida, la justicia y la Policía, subordinadas al Gobierno, abrieron la lesión de la manera más torpe y reavivaron el enfrentamiento del que no podemos salir desde hace dos años. Además, como lo hacen los estrategas de la guerra, lo hicieron cuando la población se encuentra con la mente puesta en las fiestas de fin de año, es decir, aprovechando el momento de distracción.

Pues bien, parece que este fin de año no habrá noche de paz, al menos para quienes se sienten indignados por la forma en que la noche del pasado jueves fiscales y policías activaron una persecución contra exdirigentes y dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), violando el debido proceso con un atemorizador operativo que movilizó a 2.000 policías desde seis departamentos.

Sí, más de 600 policías por cada uno de los tres cívicos buscados: el expresidente de Comcipo, Marco Antono Pumari; el actual presidente, Juan Carlos Manuel Huallpa; y el encargado del comité de movilizaciones, Ramiro Subia.

El primero, acusado de haber incitado la toma de las instalaciones del Tribunal Departamental Electoral en 2019, cuando la población molesta por los indicios de fraude electoral desbordó hasta a la Policía, y los otros dos por el ataque a un vehículo policial en el que no estuvieron, justamente durante el último paro cívico. Ellos están procesados, también por supuestamente haber instigado aquello.

¿Y qué de los que instigan a la toma de tierras, como recientemente ocurrió en el caso del predio Las Londras, en Santa Cruz? ¿De los que instigan a levantar los bloqueos con mano propia (y encapuchados) con el falso argumento de que quieren trabajar? ¿Los que conformaron grupos parapoliciales para sembrar más violencia en medio de los enfrentamientos de los cocaleros de los Yungas?

Si por el caso Las Londras se hubiera movilizado a la cuarta parte de los policías que lo hicieron en el caso de Potosí, de seguro ya estarían detenidas las personas que, disparando armas de fuego, secuestraron a periodistas y policías el 28 de octubre. Pero hay un solo aprehendido y cuatro órdenes que la Policía no cumple con el “entusiasmo” que mostró en la Villa Imperial.

Ciertamente, existen autores materiales e intelectuales en la comisión de un delito, pero cuando los casos se investigan con semejantes muestras de falta de ecuanimidad, queda claro que el trasfondo es político. Más aún cuando en un uno de los casos, además de la prontitud, se actúa pisoteando el debido proceso.

Eso es lo que pasó con Pumari, en cuya aprehensión se cometieron varias irregularidades, a decir de su abogado, Guido Tórrez, y de la senadora y exmagistrada Silvia Salame. Por ejemplo, no se emitieron notificaciones antes de la aprehensión, las personas que lo aprehendieron no se identificaron, no se informó de su paradero hasta un día después, fue trasladado a Betanzos luego de ser detenido y posteriormente a Llallagua para tomar su declaración, siendo que la causa radica en la ciudad de Potosí.

Como era de esperar, políticos de oposición y cívicos reaccionaron de inmediato y anunciaron que denunciarán estos hechos ante el Comité de Tortura de la Organización de Naciones Unidas, pero además Comcipo convocó para este lunes 13 a un cabildo abierto, donde todo indica que se tomarán medidas de hecho. Es decir, Bolivia pasará otro fin de año en medio de la confrontación.

Y es que la arremetida contra los cívicos potosinos es meter la mano en la llaga y ello tiene una consecuencia lógica: mantiene abierta la herida, esa herida que todos los bolivianos queremos ver cerrada para, de una vez, comenzar a caminar a paso firme, con la mirada puesta en el futuro. Sin embargo, parece que al Gobierno lo que le interesa es mantenerla abierta, al menos mientras que no nos traguemos el cuento de que en 2019 hubo un golpe de Estado… por las buenas o por las malas.

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