Editorial

Erráticos mensajes sobre vacunación

martes, 28 de diciembre de 2021 · 05:15

El Gobierno central no se pone de acuerdo ni consigo mismo sobre la estrategia de vacunación. Los mensajes y las señales de las autoridades son contradictorias y erráticas, lo que contribuye a la confusión, en vez de dar certidumbre a la ciudadanía.

No se queda atrás el alcalde de La Paz, Iván Arias, que un día da autorización para las fiestas de año nuevo hasta las 6 de la mañana, luego da marcha atrás, para finalmente ratificarse en su primera decisión, lo que no deja de ser una irresponsabilidad en pleno ascenso de la cuarta ola de Covid-19.

Desde que llegaron las primeras vacunas a Bolivia, en enero de 2021, hasta la fecha, las autoridades dejaron que la aplicación sea voluntaria, al punto de que las escasas campañas informativas fueron opacadas por la propaganda antivacunas.

Incluso, se sabe que varios altos cargos del MAS, entre ellos el vicepresidente David Choquehuanca y legisladores, eran reacios a la vacuna, lo cual constituyente un poderoso mensaje en contra de la inmunización.

Finalmente, el Gobierno parece haber cambiado de estrategia y quiere pasar de la absoluta libertad a la coerción total. Todo extremo es malo y seguramente por eso el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, se enredó sobre la amenaza de cárcel para los no vacunados que den positivo en eventos masivos y, como siempre suele pasar en estos casos, terminó acusando a los medios de tergiversación.

La primera en lanzar un mensaje sobre la obligatoriedad fue la viceministra Seguros de Salud, Alejandra Hidalgo, quien dijo que el certificado de vacunación sería un requisito para la inscripción de los niños en las escuelas. Al día siguiente el Ministerio de Salud, del que ella depende, la desmintió indicando que no será un requisito para inscripción, pero sí para las clases presenciales, lo cual termina siendo más o menos lo mismo.

Y, luego, el Gobierno emitió un decreto supremo que establece que el carnet de vacunación será obligatorio para ingresar a cualquier establecimiento donde exista concentración de gente, caso contrario, las personas deberán presentar una prueba PCR.

La cereza en el pastel la puso el viceministro Silva al decir que lo de la obligatoriedad del carnet de vacuna “no es chiste”.

Agregó que las personas que no cumplan el requisito y den positivo en eventos masivos se exponen a una demanda penal por atentado a la salud pública, lo que se sanciona con hasta 10 años de cárcel. Un día después, acusa a los medios de tergiversación.

Lo que parece estar ocurriendo es que dentro del Ejecutivo también conviven dos corrientes: los provacunas y los antivacunas. Esperemos que ganen los prociencia, aunque con racionalidad y sin amenazas de cárcel para nadie.

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