Editorial

Aasana, la obra del MAS

domingo, 5 de diciembre de 2021 · 05:15

Todo indica que la Administración de Aeropuertos y Servicios a la Navegación Aérea (Aasana) era indefendible, pero no hay que perder de vista que, si bien era una entidad autónoma de nombre, estaba a cargo del gobierno central, que ya lleva en el poder 15 años casi continuos.

No sólo eso, sino que hay que recordar que fue el propio expresidente Evo Morales quien nacionalizó el control de los principales aeropuertos del país que, hasta 2013, estaban en manos de la española Abertis y que pasaron a manos de Aasana.

Entonces, queda claro que Aasana es otro monstruo más de los muchos que el MAS ha ido creando a lo largo de los años, sin importar si ganan o pierden dinero, si dan un buen o un mal servicio, o si cumplen los objetivos para los que fueron creados. El MAS apostó por hacer crecer el Estado con empresas e instituciones en las que prevalece la lógica política y ninguna lógica empresarial.

Insostenibilidad financiera, falta de liquidez, deuda en constante incremento, casos de nepotismo, uso y abuso de horas extras por los trabajadores y oposición a la reestructuración de la institución  son algunos de los problemas que, según el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, se han encontrado en Aasana.

Sólo de escucharlo daría la impresión que está hablando de una entidad ajena al gobierno, no administrada por el MAS y cooptada por algún ente desconocido. ¿Cómo es posible que, durante tantos años, los sucesivos gobiernos del MAS no hayan reparado en estos problemas para encarar la crisis de una manera más planificada y menos traumática?

La principal denuncia es que la empresa solo genera siete millones de bolivianos al mes y que gasta 10 millones, provocando un hueco financiero que crece cada día. Otro de los problemas es, según Montaño, que el 80% del personal era administrativo y solo el 20% era técnico.

A esto hay que sumar el que tal vez sea el motivo de fondo para la desaparición de Aasana: las constantes huelgas que dejaban a los aeropuertos inoperables, dañando la imagen, no solo del sistema aeronáutico nacional, sino del país en su conjunto.

En síntesis, había motivos de sobra para hacer algo con Aasana, pero el gobierno eligió el camino más traumático: cerrar esa institución de la noche a la mañana (literalmente, porque lo hizo a medianoche) y abrir una nueva entidad llamada Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol).

La decisión tiene dos componentes preocupantes. Por un lado, ha dejado en la calle a unos mil trabajadores y, por otro, está poniendo en riesgo la seguridad de la operabilidad aérea porque Naabol no cuenta con personal suficiente ni idóneo para administrar los aeropuertos.

La nueva institución, según los planes del gobierno, le permitirá ahorrar entre tres y cuatro millones de bolivianos al mes porque prevé reducir la planilla a la mitad. Por ahora, sin embargo, Naabol solo tiene 200 funcionarios de los 600 que se ha propuesto contratar para administrar los aeropuertos, lo que habla de la precariedad de un sistema tan sensible como la seguridad aeroportuaria. La situación es tan crítica que una controladora aérea denunció que estuvo trabajando 17 horas seguidas hasta que empezó a confundir las órdenes que daba a los aviones. El Gobierno dice que sólo trabajó 12 horas, sin reparar que es igual de grave.

Los trabajadores de Aasana, por su parte, se han declarado en huelga de hambre porque quieren frenar el cierre de la institución, salvar sus fuentes de trabajo y, sobre todo, preservar sus beneficios sociales porque la desaparecida Aasana se regía bajo la Ley General del Trabajo, mientras que la nueva Naabol existirá en el marco del Estatuto del Funcionario Público, lo que significa que los nuevos funcionarios no tendrán beneficios sociales.

Convengamos que Aasana no podía seguir como estaba hasta ahora, que era necesaria una reestructuración de fondo, pero de ahí a anular su existencia como si con un decreto se podría borrar una crisis tan profunda hay un mundo de ingenuidad y hasta de irresponsabilidad. Peor aún, pretender que una institución con décadas de existencia sea reemplazada por una nueva sin estructura, sin personal, sin calificación, es un remedio que puede resultar peor que la enfermedad.

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