Editorial

Más sobre el informe de la Unesco

jueves, 18 de febrero de 2021 · 05:15

A nadie le es ajeno que Bolivia está en la cola de la cola en cuanto a educación. Es un lastre que arrastramos irremediablemente década tras década y que se plasma en problemas recurrentes de nuestros estudiantes, especialmente los menos beneficiados.  En Bolivia la buena educación es excluyente y costosa, y la educación pública no prospera por problemas endémicos que van -en un amplio rango- desde la infraestructura hasta la calidad de los docentes.

Estas constataciones son parte de nuestra realidad, pero recientemente volvió a la mesa de debate a raíz de un ranking internacional realizado por la Unesco en la región, que informó que el país ocupa uno de los últimos lugares en América Latina en cuanto a desempeño educativo. Considerando el promedio de las notas obtenidas, el país ocupa el puesto número 13 de 16 naciones analizadas en el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Terce). El ranking es liderado por Chile, Costa Rica y Uruguay.

El estudio Terce fue realizado en la región por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (Llece), de la Unesco, oficina de Santiago de Chile en 2013, y publicado en 2016. Bolivia no quiso participar en  ese estudio, al que se sumó recién en 2017, por separado. Unos 12.000 alumnos de todo el país participaron en los exámenes en 2017, en coordinación entre la Unesco y el Ministerio de Educación. Aparentemente debido a los pobres resultados obtenidos por Bolivia, el Ministerio de Educación no ha divulgado localmente las conclusiones del estudio, pero sí lo hizo la Unesco desde Santiago.

Esta información, que fue revelada por el portal Brújula Digital, provocó un editorial de Página Siete en el que se criticaba, como se ha hecho largamente durante todos estos años, el hecho de que Bolivia se haya excluido voluntariamente de dichas evaluaciones regionales y que el exministro de Educación, Roberto Aguilar, haya optado por retirar al país de los estudios realizados en 2006 y 2013. Esto provocó una queja del exministro, quien sostiene que no cumplía tales funciones en 2006 y es cierto. Pedimos disculpas por ese error: Roberto Aguilar fue ministro desde el 7 de noviembre de 2008 hasta el 11 de noviembre de 2019.

Sin embargo, la crítica a que Bolivia no haya participado en las evaluaciones regionales sobre calidad educativa sigue siendo la misma. Aguilar sostiene que se necesitan cuatro años para preparar al país para estas pruebas y en 2013 él ya llevaba cinco años en el cargo. Es más, ha sido ministro del área durante la primera, segunda y tercera gestión del gobierno de Morales, y sin duda uno de los hombres que más tiempo ha permanecido a cargo de la educación boliviana. ¿No era posible que en tantos años, con una etapa de bonanza de por medio, nuestro país  hubiera podido ser más competitivo en educación?, ¿por qué no se ha evaluado al país durante tanto tiempo para implementar reformas necesarias? Esa es la pregunta que nos hacemos y la que autoridades actuales y pasadas debieran aportar a esclarecer.

En Bolivia, pedir rendición de cuentas, respuestas a las autoridades -que es una función de la prensa-, está visto como una afrenta. Así, las autoridades y exautoridades no aclaran por qué tomaron ciertas decisiones o por qué la situación de algo tan importante como la educación fue postergado por 14 años por el MAS con las consecuencias que ya podemos apreciar. Todo ello fue alimentado y sazonado por el gobierno transitorio, que hizo una de las peores gestiones y no pudo salvar la educación boliviana en plena pandemia.

Lo que necesitamos no es defender a los gobiernos ni a las personas, sino que  se tomen de una vez por todas las riendas en la conducción y mejoramiento de la educación en Bolivia, que no necesita informes internacionales para demostrar su pobreza. 

Ojalá que el exministro Aguilar, que ahora cumple funciones de embajador de Bolivia nada menos que ante la Unesco, ayudara a que estas evaluaciones se hagan de forma permanente y sean acompañadas de soluciones y reformas necesarias para que nuestros niños y jóvenes tengan un verdadero acceso integral al desarrollo y puedan sortear el rezago sufriendo durante décadas, acentuado ahora con la pandemia.
 

 

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