Editorial

Todo el poder contra cocaleros de Yungas

jueves, 18 de marzo de 2021 · 05:15

El MAS, que surgió como el brazo político de los cocaleros del Chapare, ha hecho de todo para arrinconar y, si fuera posible, eliminar a la competencia, es decir, a los cocaleros de los Yungas.

Ese todo incluye haber metido a la cárcel a sus principales dirigentes sin tener pruebas en su contra, haber usado a la Policía para reprimir sus protestas, haber puesto dirigencias paralelas, haber usado la justicia para que reconozca a esas dirigencias y, ahora, haber abierto un nuevo mercado para la coca de los Yungas, de tal manera que el de Villa Fátima, que está reconocido por la ley y que, junto con el de Sacaba, son los dos únicos centros de expendio legales en Bolivia, se convierta en ilegal.

En contra de esa última decisión están protestando los cocaleros yungueños actualmente. Desde hace cuatro días instalaron un bloqueo en los accesos a Nor y Sud Yungas y, como era de esperarse,  la Policía los reprimió para intentar despejar la ruta. Más de diez productores fueron arrestados.

El sector está organizado en la histórica Asociación de productores de coca de los Yungas (Adepcoca), pero a instancias del MAS se creó una dirigencia paralela, que fue reconocida por la justicia que, como ya es de público conocimiento, responde también al partido de Gobierno. Pero, esta dirigencia no tendría poder ni sentido si no controlara el mercado de venta de coca de la región, que funciona desde siempre en Villa Fátima y que está en manos de la Adepcoca contraria al Gobierno.

Para resolver ese último eslabón de la cadena, el Gobierno emitió la resolución ministerial 068, que “autoriza a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) el traslado del mercado de la hoja de coca a los ambientes del  Sindicato Mixto de Transportes Señor de Mayo”. El nuevo mercado “legal” se ubica en Chuquiaguillo y el de Villa Fátima queda en el limbo.

El MAS aplica una estrategia nacional para controlar todos los estamentos del Estado, pero también de la sociedad civil organizada. Y allá donde no puede doblegar a las dirigencias, promueve la división; pero en el caso de los cocaleros de Yungas, encontró un hueso duro de roer. 

Este sector defiende su medio de vida y su dignidad y, en esa pelea, es de los pocos que le planta cara al MAS sin importar las consecuencias. El extremo de las injusticias fue el encarcelamiento de su máximo dirigente Franclin Gutiérrez, que salió en libertad durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez, pero la presión y la persecución al sector no han cesado. Este es uno más de los casos en los que el gobierno de Luis Arce aplica su mano dura, que al parecer es la única que tiene.
 

 

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