Editorial

Crisis e inestabilidad en las FFAA

viernes, 26 de marzo de 2021 · 05:15

Desde su llegada al poder, el nuevo gobierno del MAS se propuso sentar un precedente en las fuerzas del orden, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, para por un lado sancionar a quienes se sublevaron y pidieron la renuncia del entonces presidente Evo Morales en 2019; y por otro lado, evitar que se repitan tales circunstancias.

A pocos días de su posesión como mandatario, Arce cambió a toda la cúpula de las FFAA con el complejo desafío de que “el pueblo vuelva a confiar” en ellas.  Ya en diciembre de 2020, Arce pidió a las Fuerzas Armadas facilitar “información para esclarecer los sucesos ocurridos” en Senkata, Sacaba y otras regiones en noviembre de 2019. El  mandatario solicitó que se entregue información considerada “secreta” al grupo de expertos de la CIDH. Los militares respondieron que por mucho que sea capitán general de las FFAA, no puede ordenar la entrega de “información secreta” a extranjeros, pues se “vulneraría la soberanía” de la entidad castrense.

La tensión era evidente. De ahí en más se apuraron procesos contra los comandantes que participaron en   los hechos violentos de noviembre de 2019 y las alarmas se encendieron en la institución castrense, al tiempo que los actuales comandantes cumplían con  las órdenes que el Ejecutivo iba dando.

Las detenciones de cuatro  ex jefes militares -dos enviados a la cárcel acusados de haber participado en el caso denominado “golpe de Estado”, uno con detención domiciliaria por las muertes en Sacaba y el último enviado a prisión por el caso Senkata- y las órdenes de captura de los comandantes de las FFAA y la Policía que sugirieron la renuncia de Evo Morales, profundizaron el malestar, tanto que oficiales en reserva  advirtieron que los extremos a los que está llegando la intromisión política acechan la estabilidad de la institución castrense.

La principal preocupación de los militares es que a raíz de las detenciones y órdenes de capturas se pone en riesgo y en duda la justicia militar, que rige los actos militares. Por lo demás, los militares afirman que estos oficiales están abandonados por el Comando en Jefe y perseguidos por el Gobierno, a pesar de que siguen siendo parte de las FFAA;  por lo tanto,  es su deber darles apoyo.

A ello se añaden los descontentos por la lista de ascensos propuesta por el Ejecutivo y avalada por el Congreso. El año pasado, la Asamblea se negó a aprobar los ascensos propuestos por el gobierno de transición y ahora, una vez más, se ha hecho de ello un espacio para premiar a quienes el Gobierno considera  que le pueden asegurar lealtad. Este tema ha sido motivo de controversias entre  militares  y Gobierno hace muchos años, pues se supone que  deberían  obedecer a criterios de antigüedad y servicio, no a razones políticas ni ideológicas.

Más aún, además de las designaciones a dedo, el actual Gobierno después de haber posesionado a su primer alto mando, lo volvió a cambiar en menos de un mes. César Moisés Vallejos Rocha sustituyó a Jaime Alberto Zabala como nuevo comandante en jefe accidental de las Fuerzas Armadas. Este cambio repentino obedece, según los analistas, a que el anterior Alto Mando “no respondió” a los requerimientos del Gobierno.

Es, en síntesis, un momento de crisis en las FFAA. Sin carrera militar y sin jefes adecuados, su institucionalidad aparece en riesgo. A lo largo de 14 años, los mandos militares han sido leales y obsecuentes con los partidos de gobierno (especialmente con el MAS), lo que es contrario a su mandato constitucional; y son los poderes Ejecutivo y Legislativo los que  deben garantizar que esto se respete.

Las FFAA no gozan por definición de gran respaldo popular, pero su estabilidad e independencia son vitales para la democracia. No es una novedad la intención del MAS de someterlas y ponerlas a su servicio, pero es lógico que al interior de las mismas existan corrientes divergentes: una cosa es subordinación y otra sumisión. Con comandantes elegidos a dedo, una justicia militar agonizante y el desamparo a los militares procesados se puede desencadenar una inestabilidad en las FFAA que es indeseable para la institución y para el Estado boliviano.
 

 

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