Editorial

Birmania y la democracia imposible

sábado, 3 de abril de 2021 · 05:15

La persistencia del pueblo birmano por vivir en democracia es proporcional a la violencia y el autoritarismo militar para impedirlo. Este país del sudeste asiático acaba de ver caer su más concreta esperanza el 1 de febrero, cuando, después de lograr que se realizaran unas esperadas elecciones generales en las que la Liga Nacional por la Democracia obtuvo una contundente victoria frente al partido de los militares -Unión, Solidaridad y Desarrollo-, se produjo un golpe de Estado militar que ha cobrado más de cien muertos y que tiene secuestrado al país bajo el signo del miedo y la persecución. La pulseta entre totalitarismo y democracia parece inclinarse una vez más por lo primero. 

Desde que Birmania (Myanmar) obtuviera su independencia de Gran Bretaña en 1948, la inestabilidad, la lucha por la democracia y un poder militar represivo han sido las constantes. Diversos intentos por instaurar un régimen democrático han sido sofocados por largas dictaduras; de los 73 años de vida del país, 48 han pasado en largos periodos dictatoriales (uno de 26 y otro de 22 años), sin contar espacios en los que los gobiernos elegidos han tenido la tutela militar como freno. Aung San Suu Kyi, la actual presidenta electa y líder desde finales de los 90 de la Liga Nacional por la Democracia, ha ganado dos elecciones, pero no ha podido asumir completamente el mando del país en ninguna de las dos oportunidades. En 2015, tuvo que ceder el poder a sus colaboradores por una ley que prohíbe que los mandatarios de Birmania tengan hijos con pasaporte extranjero (sus hijos son británicos); y ahora, después de un nuevo triunfo (el 8 de noviembre de 2021), un nuevo y sangriento golpe de Estado, que reclama que las elecciones fueron fraudulentas, no sólo  la ha depuesto de la conducción de la nación, sino que la tiene detenida junto a sus principales colaboradores. Desde el jueves pasado, la junta militar que ha tomado el control le ha imputado un nuevo cargo por presunta violación a la ley de secretos oficiales, que podría prolongar su detención por 14 años.

La política birmana es un símbolo de esa lucha por la democracia que está costando muchas vidas a la sociedad civil; su combate de tantas décadas por la democratización de su país, le ha valido el premio Nobel de la Paz en 1991, además de otros reconocimientos internacionales. Sin embargo, también ha sido acusada de racismo y negacionismo por el genocidio de de un grupo étnico musulmán en su país, en un acto que fue definido como limpieza étnica.

En todo caso, más allá de Aung San Suu Kyi y el apoyo electoral que la convierte en la representante legítima y democrática de Birmania, lo que está sucediendo en esa nación es doloroso y preocupante; la violencia represiva contra los manifestantes, la prensa e incluso contra ciudadanos extranjeros, ha encendido las alarmas sobre un eventual “baño de sangre” de parte de los militares al mando. La comunidad internacional está siendo juzgada por “inacción”, son cada vez más clamorosos los pedidos de ayuda ante la violencia y la suspensión de todos los derechos en ese país.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha aprobado hace más de un mes una resolución que alerta sobre las violaciones a la vida y a los derechos de las personas en la nación asiática. A esa resolución, como señala el periodista Rafael Archondo en su columna Birmania y el cuchillo de palo, solo cuatro países han mostrado su rechazo: China, Rusia, Venezuela y Bolivia, que siguen defendiendo la no injerencia a pesar de las evidentes violaciones a los derechos humanos. Es increíble como los intereses de la geopolítica están por encima de cualquier consideración. Los testimonios, las evidencias y el pedido de ayuda internacional caen en saco roto ante los cálculos de las naciones que tienen el poder de ayudar a encontrar un camino de pacificación para esa sufrida sociedad. Bolivia, a la distancia, sin saber ni siquiera por qué, sigue un libreto que debería avergonzar sobre todo al propio gobierno, que acá defiende una tesis de golpe de Estado, pero decide ignorar la de otro país por consigna.

 

 

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