Contrato polémico

jueves, 27 de mayo de 2021 · 05:15

El bufete de abogados Alliance, perteneciente a Héctor Arce y Pablo Menacho,  exprocuradores del Estado,  ha sido beneficiado con un contrato para asumir la defensa del Estado en el proceso de arbitraje interpuesto por la empresa india Jindal Steel & Power Ltd, servicio por el que la firma cobrará 360 mil dólares, es decir, 2,5 millones de bolivianos. 

De esa cifra, 130 mil dólares se destinarán  a la presentación del memorial de contestación de la demanda, 10.000 dólares  a la solicitud de prestación de documentos,  90.000 dólares  a la dúplica,  125 mil dólares a la asistencia a audiencias y  5.000 dólares al escrito postaudiencia. Entre tanto, la demanda interpuesta por Jindal en contra del Estado boliviano es por 86 millones de dólares.

Tanto opositores como juristas independientes han observado el contrato porque, según dijeron, es una falta de ética y puede ser tipificado como tráfico de influencias, puesto que tanto Arce como Menacho fueron funcionarios del Estado hasta hace poco.

Al respecto, Menacho ha respondido que él ya está fuera del Estado desde hace año y medio y que la limitante para adjudicarse contratos con la misma institución en la que trabajó es de un año. Entre tanto, el bufete aseguró que Arce pidió licencia y que no se ocupará del caso.

Más allá de las formalidades legales, lo cierto es que es polémico que exautoridades con tanto poder dentro del Estado hasta hace apenas año y medio ahora sean adjudicatarias de contratos. El caso de Arce es más llamativo aún porque se trata de un hombre fuerte del MAS, una ficha clave del gobierno de Evo Morales que, luego de ser procurador se desempeñó como ministro de Justicia y acaba de ser nombrado embajador de Bolivia ante la OEA. Esta designación también estuvo rodeada de polémica porque una corriente del MAS busca renovación y quiere dejar fuera de los altos cargos a los exministros.

Otro de los aspectos dudosos es que el contrato fue adjudicado de manera directa. Si bien Menacho asegura que hubo una convocatoria pública en la web de la institución, no deja de ser un contrato directo en la modalidad “por excepción”.

Por estas razones, queda la duda de si el contrato se adjudicó porque el bufete Alliance era el mejor para defender los intereses del Estado o porque los beneficiarios del mismo tienen poder sobre los que deciden a quién adjudicar.

Lo correcto sería que el Estado haga sus contrataciones sin beneficiar a personas del partido gobernante y que decida en función a los intereses del erario público y no así a los intereses de los contratados.

 

 

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