Editorial

La justicia de EEUU y la de Bolivia

martes, 1 de junio de 2021 · 05:15

Ya todo el país sabía que la justicia boliviana no es tal, que es un ente de manipulación, extorsión y corrupción que danza al ritmo del gobierno de turno. Todos los sabíamos, pero estos días, luego de ver la forma en la que opera la justicia estadounidense, queda más clara la diferencia.

Un informe de 23 páginas del agente Jonathan Eades, de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HIS, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Justicia de aquel país, presentado el 20 de mayo, es todo lo que necesitó la justicia de Estados Unidos para apresar al exministro de Gobierno de Bolivia Arturo Murillo, un día después, el 21 de mayo. 

Como mandan sus normas, los ciudadanos estadounidenses  recobraron su libertad bajo fianza porque se entiende que la detención preventiva es la excepción y no la regla, mientras que la situación de Murillo se decidirá este 7 de junio. Su caso podría ser diferente, porque él es un extranjero y podría ser obligado a esperar su juicio en la cárcel.

La primera alerta para iniciar esta investigación, según el mismo informe lo indica, llegó a EEUU el 13 de enero de 2020, cuando el gobierno       transitorio intentó hacer un depósito por la totalidad del contrato, es decir, 5,6 millones de dólares. La operación fue rechazada por ser un monto muy elevado. Luego, los intermediarios y cómplices de Murillo abrieron otra cuenta y dividieron el depósito en dos. 

Desde enero hasta la fecha ha pasado más de año y medio, tiempo en el que se hizo el seguimiento y la investigación de manera silenciosa y discreta hasta que todos los cabos estuvieron atados para proceder a la detención de Murillo y sus cómplices. Y, a diferencia de lo que ocurre en Bolivia, no vimos fotos, videos o transmisiones en vivo del operativo o de la presentación de los acusados.

En Bolivia, las cosas suelen ocurrir al revés. Al primer indicio, si el acusado es enemigo del poder, se procede a la detención, presentación ante cámaras, conferencia de prensa del ministro de gobierno y luego se inicia la investigación que, por lo general, dura varios años, tiempo en el que el acusado permanece como detenido preventivo en la cárcel. Y, si el tiempo de detención de agota, se le arma otros procesos para que el acusado permanezca detenido indefinidamente.

En el caso de Murillo, la justicia boliviana avanzó poco a nada en al menos 10 procesos penales que se tienen abiertos en contra del exministro. Hay que recordar que el presunto sobreprecio se conoció a mediados del año pasado y nada se hizo por avanzar en la investigación.

Fiscales y jueces tal vez podrían alegar que no podían avanzar porque Murillo tenía amedrentados a sus enemigos, pero lo cierto es que el gobierno de Luis Arce ya lleva siete meses en el poder y, como es costumbre, lo que hicieron los fiscales y jueces bolivianos es acumular más procesos, más delitos, más imputaciones, sin investigar ninguno a fondo, únicamente con el fin de congraciarse con el poderoso de turno.

De hecho, el único caso que avanza es el que no tiene ningún sustento, el del llamado “golpe del Estado”. La expresidenta Janine Añez, dos de sus exministros y altos mandos militares y policiales están detenidos sin que en Bolivia se haya producido ningún golpe de Estado. 

Otro aspecto que quedó claro con la justicia estadounidense es su independencia. Para nadie es desconocido que Janine Añez tuvo en el gobierno de Donald Trump a uno de sus principales aliados, pero no por eso “a los gringos”, como suele llamárseles en la jerga popular, les ha temblado la mano a la hora de detener a quien fuera el brazo derecho de la expresidenta transitoria. Como tampoco les tembló la mano para detener al exzar antidrogas de Bolivia durante el gobierno de Evo Morales, el general René Sanabria.

Al Gobierno boliviano no le gusta reconocer méritos “al imperio”, pero esta vez tuvo que sacar pecho con logros ajenos y, para ponerse al día, inició una seguidilla de detenciones y allanamientos, para incautar hasta los juguetes sexuales del principal acusado.
 

 

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