Editorial

Reconciliación y justicia, fórmula para el consenso

domingo, 25 de julio de 2021 · 05:15

Pese a que existen urgentes problemáticas por resolver, el país está embarcado en una lógica confrontacional que pone, en el centro del debate, no la salud ni la economía de los bolivianos, sino el supuesto golpe de Estado de 2019, una agenda promovida por el MAS, que busca ajustar cuentas y aplastar a quienes considera sus enemigos.

Frente a este aparente callejón sin salida, durante la última semana se han escuchado voces concertadoras, que piden encaminar un proceso de reconciliación en el país. La Iglesia Católica hizo un llamado en ese sentido y lo sorprendente es que algunos cuadros del MAS se han sumado a esta iniciativa, lo que quiere decir que no todos están de acuerdo con la línea dura de ese partido, encarnada en  el expresidente Evo Morales.

Quienes promueven la verdadera reconciliación no están hablando de hacer un borrón y cuenta nueva sobre los sucesos de 2019, sino de separar la justicia de la persecución. A estas alturas, la gran mayoría de los actores políticos y sociales coinciden en que es necesario esclarecer los hechos de Sacaba, Senkata, Huayculi, Montero, Vila Vila, Pedregal, La Paz, entre otros sitios donde se produjeron violaciones a los derechos humanos.

Pero, eso no tiene nada que ver con la retórica del supuesto golpe de Estado inventada por el gobierno de Luis Arce y convertida en caso judicial para mantener en la cárcel a la expresidenta Jeanine Añez, a dos de sus exministros y ex altos jefes militares de la época.

El primer y más importante requisito para hacer justicia es lograr la independencia del Órgano Judicial, que por ahora es sólo una instancia al servicio del partido de Gobierno.

El presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, monseñor Ricardo Centellas, en una entrevista que este domingo publica Página Siete, habla de curar las heridas “haciendo la investigación imparcial, haciendo que el sistema judicial no responda a intereses políticos, haciendo que el sistema judicial sea realmente un órgano independiente”.

Lamentablemente, la línea dura del MAS apuesta por el aplastamiento de los enemigos con amenazas de procesar también a líderes políticos y sociales que participaron  en  las protestas en 2019; a los facilitadores de la pacificación, entre ellos la Iglesia Católica y a los embajadores de la Unión Europea y de Brasil; a los gobiernos de Mauricio Macri y Lenín Moreno por el supuesto envío de municiones y armas para “reprimir al pueblo”  e incluso a los medios de comunicación. Todo eso, bajo el paraguas de un caso sobre un supuesto golpe de Estado.

El más duro entre los duros es el jefe del MAS, Evo Morales, quien rechazó la reconciliación con estas palabras: “No comparto cuando algunos dicen que haya reconciliación. No va a haber reconciliación con fascistas, racistas, salvo que entendieran que nuestra ideología y nuestro programa está bien para Bolivia”.

Contrariamente a lo que piensa Morales, la concertación debería partir del respeto a la diferencia, al pluralismo y a la libertad de expresión;  en ningún caso  de obligar a los demás a pensar como el expresidente, porque entonces estaríamos en terreno totalitario.

Y tampoco, el punto de partida debería ser la presunción de que están contrapuestos la República liberal y el Estado plurinacional, tal como escribió esta semana el vocero presidencial, Jorge Richter, porque, si bien existen reducidos grupos conservadores que no reconocen los avances dados por el país los últimos 15 años, no son la mayoría. 

Basado en esa falacia, Richter asegura que el país se encuentra en “un momento de bifurcación resolutivo” que, según una entrevista concedida a Radio Deseo, implica que “el país está buscando resolver de otras formas el tema de noviembre de 2019 (porque entiende que no se ha resuelto en las elecciones de 2020), y puede hacerlo por la vía de la pacificación en lógicas plurinacionales o por la vía de la confrontación, desde la plurinacionalidad también”.

Confrontación sólo puede existir en la mente de los estrategas de un gobierno que, pese a haber ganado las elecciones con claridad y de gozar de alta legitimidad, prefiere inventar un conflicto irresuelto, para nutrirse del enfrentamiento en vez de promover la reconciliación.
 

 

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