Editorial

Mejor atención para la primera línea

jueves, 8 de julio de 2021 · 05:15

Algo más de medio millar de médicos fallecieron en la batalla contra el coronavirus en el país, lo que quiere decir que de marzo de 2020 a la fecha igual número de familias quedaron devastadas por el dolor que deja la muerte, muchas de ellas batallando además con una economía deteriorada justamente por los esfuerzos financieros que hicieron para intentar salvar las vidas de sus seres queridos.

Lo mismo ocurrió con unos 300 trabajadores del sector salud, según datos del Sirmes-La Paz. Son al menos 800 muertes en la primera línea del campo de batalla nacional, donde hasta el martes se reportaron oficialmente 17.013 decesos.

Por estar en esta zona roja del combate, hace 15 meses (el 14 de abril de 2020) el gobierno transitorio aprobó para el personal del sector salud el decreto  4217, autorizando la contratación de un seguro de vida para casos de muerte o invalidez total y permanente. El decreto dispuso el pago de 100 mil bolivianos a los trabajadores que queden incapacitados y el mismo monto para las familias de los que fallezcan durante sus labores de lucha contra la pandemia. Pero en más de un año, según reporte del Colegio Médico de Bolivia, sólo dos profesionales de la Caja de la Banca Privada cobraron el beneficio.

El resto enfrenta ahora otra lucha, esta vez para percibir un beneficio que por ley les corresponde y con el temor de que nunca llegue, ya que el citado decreto  dispuso que el seguro tenga validez de un año, es decir sólo hasta el pasado 14 de abril.

Muchos de los fallecidos eran el sostén económico de sus familias y algunos terminaron sus días en unidades especiales recibiendo costosos tratamientos que sus familiares pagaron, incluso vendiendo sus propiedades. Quedaron en una situación insostenible y se vieron forzados a pedir ayuda. Por ello, el Colegio Médico de Santa Cruz abrió una cuenta para captar aportes.

Cierto que ésta es una realidad que viven miles de familias bolivianas que han perdido a sus seres queridos en este tiempo, pero la diferencia es que este sector vive a diario en el centro de la tormenta, intentando evitar que otros sucumban, y lo menos que se puede hacer es reconocer ese esfuerzo con el pago del seguro mediante procesos más expeditos.

No es posible que, además de cargar el dolor de las muertes, las familias tengan que peregrinar por el pago de este beneficio, tal como lo hicieron en su momento las esposas de los policías fallecidos también combatiendo el avance del coronavirus. A ellas no les quedó más que movilizarse en las calles y protagonizar protestas  esperando luz verde para sus trámites de cobro de seguro de vida. 

No esperemos medidas de presión para cumplir con un compromiso del Estado, más cuando se trata de bolivianos que fallecieron en su intento de evitar que el paso de la pandemia deje más luto en el país.
 

 

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