Editorial

Confrontación política por las tierras

miércoles, 4 de agosto de 2021 · 05:15

Está claro que en Santa Cruz existe un conflicto por la tenencia de la tierra que está escalando cada día que pasa. Ante esta situación, el presidente Luis Arce, lejos de buscar consensos con los demás actores, emitió un discurso cargado de hostilidad y autoritarismo, en el que se erige como el único competente para definir para quién se destinará cada centímetro de tierra de Bolivia.

En el día de la Revolución Agraria, Productiva y Comunitaria, que se celebró este 2 de agosto, el presidente Arce dijo que el saneamiento, titulación y distribución de tierras son competencia privativa y exclusiva del Gobierno central, “para que ninguna gobernación, ninguna alcaldía, pisoteando nuestra Carta Magna, pretenda atribuirse competencias que no le corresponden”. Agregó: “No vamos a entregar un centímetro de tierra a intereses que no precautelen el desarrollo de nuestro pueblo y la producción legítima del Estado Plurinacional de Bolivia y la madre tierra”.

El acto se desarrolló en San Julián, un bastión del MAS y de sus bases interculturales en aquella región, donde además anunció la reversión de 760.750 hectáreas de tierras dotadas durante el gobierno de Jeanine Añez y dispuso la entrega de 26.000 títulos a indígenas, campesinos e interculturales.

Este posicionamiento se produce en directa respuesta al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que, por segunda vez consecutiva, intentó instalar la Comisión Agraria Departamental (CAD) para tratar la problemática de la tierra, pero no pudo concretarla por ausencia del director nacional de INRA, Eulogio Núñez. Por ese motivo, Camacho planteó una demanda en contra del ejecutivo del INRA y volvió a convocar a otra CAD para el 13 de agosto.

Pero, no sólo eso, sino que la Asamblea de la Cruceñidad decidió activar medidas de presión para defender las tierras de la Chiquitania de lo que consideran un avasallamiento de parte de los interculturales del MAS. Con ese fin y en contra del cierre del caso fraude, habrá una marcha este jueves 5 en la capital oriental y un bloqueo de caminos de 48 horas en la Chiquitania a partir del 9 de agosto. Además, se dispuso la instalación de una vigilia en el INRA.

Poco antes de toda esta polémica desatada el 2 de agosto, falleció en Santa Cruz el indígena Lino Peña Vaca, según los cívicos, producto de una golpiza que recibió mientras defendía sus tierras de los interculturales, y según el ministro del Gobierno, Eduardo del Castillo, debido a las secuelas de la covid.

Como se puede ver, el conflicto está escalando y el gobierno nacional está permitiendo, de manera irresponsable, que eso ocurra. No sólo lo está permitiendo, también lo está alentando primero por su negativa a asistir a las reuniones de la CAD y segundo por el discurso enguerrillado que Arce pronunció en Santa Cruz.

Según el Decreto Supremo 29215, del 2 de agosto de 2007, los prefectos de departamento, ahora llamados gobernadores, serán quienes presidan las comisiones agrarias departamentales. En su artículo 39, el citado decreto establece que “la convocatoria a sesiones de la Comisión Agraria Departamental será realizada por el Prefecto del Departamento con siete (7) días hábiles de anticipación, a iniciativa propia o a solicitud de por lo menos un tercio de los comisionados miembros de las comisiones agrarias departamentales”.

Como se puede leer, Camacho sí tiene atribuciones para convocar y presidir dicha comisión, pero el director del INRA, en concordancia con el presidente Arce, se niega asistir porque cree que los gobernadores no tienen ninguna tuición sobre la temática de la tierra.

Mientras las autoridades nacionales y locales elevan la tensión verbal, los actores que pugnan por la poca tierra que queda para su distribución en Santa Cruz están en actitud de apronte y en algunos casos en franca confrontación. 

Los actores que disputan la tierra son los agroindustriales cruceños, los interculturales del MAS y los indígenas, pero está claro que los más desamparados en esta pugna de dos grandes poderes son los pueblos originarios. Al menos por ellos, que el MAS abandera como su causa política, el gobierno podría bajar el tono y concertar. 
 

 

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