Editorial

Intimidación, abuso y mentiras policiales

miércoles, 22 de septiembre de 2021 · 05:15

“Una imagen vale más que mil palabras”, dice el adagio popular, y decenas de ellas, acompañadas de otro tanto de videos capturados por diferentes actores, pueden completar un cuadro muy cercano a la realidad. Ante ello, las palabras definitivamente pierden peso, más cuando vienen de una parte interesada en modificar los hechos.

Eso ha ocurrido este martes con el caso del periodista de Página Siete Carlos Quisbert, quien fue víctima de intimidación, abuso y mentiras policiales, exceso que ha sido condenado por el gremio en su conjunto y ha despertado la preocupación de la Defensoría del Pueblo por la gravedad de los atropellos.

El periodista comenzó su jornada cubriendo los conflictos en la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca de La Paz, ahora fracturada en tres por acciones de grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), cuando en medio de su labor recibió la amenaza directa de un miembro de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP)

“¡Estás en problemas!”, le advirtió, desde dentro del reforzado equipo antimotines que vestía para protegerse de cualquier incidente con los cocaleros opositores al MAS. Un abierto acto de intimidación que fue capturado en un video con todos sus detalles.

Poco después, Quisbert intentaba tomar imágenes del momento en el que una anciana se arrodillaba frente a los policías y, desde atrás, el mismo uniformado lo golpeó con su motocicleta alegando a gritos que le impedía realizar su trabajo.

El periodista giró y, en una reacción natural, intentó defenderse, pero cuando apenas rozó con el brazo a su agresor, unos ocho policías se abalanzaron sobre él para detenerlo. También el momento está registrado en fotografías y videos que cualquier ciudadano puede ver en redes sociales para constatar que esta no es ninguna exageración.

Luego le rociaron agentes químicos en el rostro y, a jalones, lo condujeron hasta uno de sus vehículos, sin hacer caso a las personas que les decían que era periodista y que sólo hacía su trabajo. Los policías abusaron de su fuerza, de su equipamiento y de la autoridad que les confiere el Estado.

Más tarde fue liberado y, cuando parecía que todo acabaría como un caso más de abuso de autoridad, comenzó a tejerse la mentira. El Ministerio de Gobierno publicó en una de sus cuentas en redes sociales que había recibido la información de que Quisbert “agredió físicamente a un policía”.

Casi de inmediato el periodista fue nuevamente detenido y luego trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, donde se le abrió un caso a denuncia del policía agresor, quien se declaró víctima del periodista, que fue acusado por lesiones graves y leves y por destrucción del patrimonio público, en este caso la motocicleta con la que el policía impactó contra la humanidad de nuestro colega. 

Basta contrastar esta denuncia con las fotografías y videos de los hechos para concluir que es una desvergonzada mentira, que habla muy mal de quienes supuestamente son los responsables de precautelar nuestra seguridad.

¿Cómo podemos sentirnos seguros con policías capaces de deformar la realidad a ese extremo y con tanto descaro? ¿Cómo no sospechar que detrás de esta acción policial hay otros intereses?

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y las asociaciones de periodistas de diferentes departamentos repudiaron la inconstitucional y violenta aprehensión de Quisbert y recordaron que la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos establece que la intimidación y amenaza a los comunicadores sociales “viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión…”.

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, también expresó su preocupación por lo ocurrido con Quisbert y pidió que se inicie una investigación contra los policías que lo detuvieron.

Si bien la Fiscalía finalmente desestimó el caso como debe ser, Página Siete y sus periodistas repudian los actos ocurridos este martes, exigen garantías para el trabajo periodístico al gobierno de Luis Arce y solicitan a las organizaciones de defensa de los derechos humanos y de la libertad de prensa estar alertas por esta arremetida en contra de uno de nuestros periodistas. Piden, además, que se sancione al policía que cometió el abuso.

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