Editorial

La toma oficialista de Adepoca

jueves, 23 de septiembre de 2021 · 05:15

Gracias a la directa acción y aval del gobierno de Luis Arce, los cocaleros de Yungas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) lograron un objetivo largamente anhelado, la toma de las oficinas de Adepcoca y el control del mercado cocalero de Villa Fátima. Sin embargo, esa toma no fue pacífica ni democrática, como afirmó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, vía Twitter. Todo lo contrario, fue violenta no sólo con los seguidores de la dirigencia contraria al Gobierno, sino también entre los propios masistas, que protagonizaron una pelea campal mientras decidían quién sería el nuevo dirigente del sector.

Producto de dos jornadas violentas ahora hay tres dirigencias en Adepcoca. La primera, que fue expulsada por el bloque masista, está encabezada por Armin Lluta y es contraria al gobierno de Luis Arce. La segunda es una facción masista que tomó el control de Adepococa con la ayuda de la Policía y está encabezada por Arnold Alanes. Este bloque recibió el reconocimiento y aval del ministro Del Castillo. La tercera es otra facción masista que también disputó el poder con el sector de Alanes y está dirigida por Fernando Calle.

Los hechos que consumaron la toma de Adepcoca ocurrieron de la siguiente manera en La Paz. Durante la madrugada del lunes, un grupo afín al MAS, con apoyo policial, tomó el mercado de la coca de Villa Fátima y las instalaciones sindicales, expulsando a los cocaleros opositores dirigidos por Armin Lluta.

Durante el día, la dirigente saliente y afín al MAS, Elena Flores, convocó a una asamblea en Chuquiaguillo para posesionar a la nueva directiva que emergió de unas elecciones celebradas previamente, pero que claramente fueron irregulares porque no cuadraron los números y hasta un sector tomó de rehén al otro. Fue en ese intento de toma de posesión cuando los dos bloques masistas se agarraron a silletazos, golpes, patadas y puñetes.

Finalmente, el dirigente Calle se quedó en Chuquiaguillo juramentando al cargo y Alanes se dirigió a Villa Fátima a tomar el control del mercado y de las oficinas, para lo que el bloque de Lluta fue arrinconado por la Policía.

Las cosas no terminaron ahí porque un día después, es decir el martes, la Policía volvió a la acción para ahogar las vigilias del sector de Lluta. Con ese objetivo, se registró una dura gasificación y represión en las inmediaciones del mercado de Villa Fátima y en cercanías de un hospital donde había sido llevado el dirigente Lluta luego de recibir una golpiza. En ese lugar, además, fue golpeado y detenido el periodista Carlos Quisbert, de Página Siete, y dos corresponsales internacionales fueron heridos por la detonación de una dinamita.

Al cabo de la segunda jornada de violencia, el ministro Del Castillo entregó su aval firmado y en acto público a la dirigencia de Alanes, lo que se convierte en un rasgo más del autoritarismo del MAS, pues un ministro de Gobierno no debería tener atribuciones para reconocer o desconocer dirigencias, para interferir en asuntos internos de los sectores sociales y, menos aún, para poner a la Policía al servicio de una de las facciones en disputa.

La autoridad dio por concluido el conflicto, pero claramente la situación de Adepcoca en vez de resolverse, se ha agravado y, lo que es peor, a instancias del MAS que, lejos de promover la reconciliación de ambos bloques, trabajó desde la época del gobierno de Evo Morales para dividir al sector y posesionar a una dirigencia oficialista.

El asunto de fondo es que el dirigente de los cocaleros del Chapare, Evo Morales, quiere también tener el control de los productores de coca de los Yungas y, claramente, el ministro de Gobierno se puso a su servicio. El pecado de los dirigentes rebeldes o antimasistas de Yungas fue oponerse a la legalización de la coca del Chapare, lo que les costó persecución, represión y ahora también la expulsión de su oficina sindical y del mercado cocalero de Villa Fátima. Por ahora, Evo Morales impuso su poder.

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