Editorial

Chapetón y Machicado, los nuevos perseguidos

Editorial
Editorial
Por 
La Paz - jueves, 15 de septiembre de 2022 - 5:00

La Fiscalía que, como es de conocimiento público, obedece órdenes del Órgano Ejecutivo, ha lanzado ayer una arremetida en contra de dos figuras representativas de la oposición y de los movimientos sociales contestatarios. En ese marco, han sido aprehendidos la exalcaldesa de El Alto Soledad Chapetón y el máximo dirigente de Adepcoca, Freddy Machicado.

El dirigente de Adepcoca está acusado de 15 delitos, todos ellos relacionados con la toma del mercado paralelo de coca, ocurrida el 8 de septiembre, luego del arribo de la marcha de los productores de los Yungas. Aquel día hubo violencia de ambos lados, pero los únicos acusados son los que defienden la ley. La Policía asumió una actitud contemplativa, seguramente esperando que los cocaleros marchistas tomen el mercado ilegal y luego la Fiscalía pueda apresarlos, tal como está ocurriendo estos días.

Si bien aquella jornada los integrantes de Adepcoca incurrieron en actos violentos, no hay que perder de vista que el conflicto llegó a esos extremos porque el Gobierno se puso del lado de la ilegalidad, apoyó al dirigente Arnold Alanes y hasta alentó la creación de un mercado paralelo para la coca.

Hay que recordar que la Ley de la Coca establece que únicamente deben existir dos mercados de coca en Bolivia, uno en Sacaba, de Cochabamba, y otro en Villa Fátima, de La Paz, todo lo que ocurra fuera de esos dos predios es ilegal.

La detención de Machicado y la acusación de oficio en contra del resto del directorio es un acto de persecución que se suma a otros tantos ocurridos desde el año 2017, como el apresamiento de Franclin Gutiérrez, el primer dirigente de Adepcoca que fue enviado a la cárcel por plantarle cara a Evo Morales.

Si el Gobierno cree que apresando dirigentes va a ganar la guerra a los productores de Yungas, se equivoca. Lo único que está haciendo es incubar más violencia y exacerbar los ánimos de los productores, que seguramente no se quedarán de brazos cruzados.

En cambio, los casos contra Chapetón, que son tres, fueron abiertos a instancias de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, que la acusa de no haber programado la ejecución de obras prometidas a los barrios, de haber hecho un mal uso de los recursos destinados al Seguro de Salud SUS y de no haber supervisado correctamente el embovedado de la avenida Juan Pablo Segundo.

Por el caso de la no programación de obras le dictaron detención domiciliara a Chapetón el día martes de esta semana y un día después ella se presentó a declarar por el caso del embovedado y terminó siendo aprehendida. Las imágenes de la exalcaldesa subiendo a una patrulla policial cargando en brazos a su bebé de meses causaron indignación entre usuarios de redes sociales.

Está claro que toda denuncia debe ser investigada y los responsables sancionados, pero no hay que olvidar que la ley privilegia los mecanismos de defensa en libertad, garantiza el debido proceso y la presunción de inocencia. Por la rapidez y saña con la que está actuando la Fiscalía, nada de esto parece estar siendo respetado en el caso de Chapetón.

Ya en el fondo de las denuncias, si esa es la vara con la que la justicia va a medir a las exautoridades, también tendrían que estar presos el expresidente Evo Morales y sus ministros, que prometieron convertir a Bolivia en una Suiza y que no hicieron la programación adecuada de obras para lograrlo. Por el contrario, sembraron el país de millonarios elefantes blancos que carecen de utilidad para la gente.

La alcaldesa Eva Copa, que expresamente ha dicho que quiere ver a Chapetón en la cárcel, está sentando un precedente para que su sucesor actúe de la misma manera y que este círculo de persecución sea de nunca acabar. Copa, que ahora tiene estrechas relaciones con el gobierno de Luis Arce y que por eso cuenta con el servicio “eficiente” de la Fiscalía, podría estar incubando un efecto búmeran en su contra.

Lo actuado por la Fiscalía en las últimas horas, tanto en el caso de Chapetón como en el de Machicado, es otro bochornoso capítulo de un sistema corrompido y sometido al poder político que demuestra que en Bolivia la justicia es de quien detenta el poder o para quien tiene dinero.

No hay que perder de vista que el conflicto llegó a esos extremos porque el Gobierno se puso del lado de la ilegalidad.
No hay que olvidar que la ley privilegia los mecanismos de defensa en libertad, garantiza el debido proceso y la presunción de inocencia
AVISO IMPORTANTE: Cualquier comunicación que tenga Página Siete con sus lectores será iniciada de un correo oficial de @paginasiete.bo; otro tipo de mensajes con distintos correos pueden ser fraudulentos.
En caso de recibir estos mensajes dudosos, se sugiere no hacer click en ningún enlace sin verificar su origen.
Para más información puede contactarnos

NOTICIAS PARA TI

OTRAS NOTICIAS