¿Congelar las dietas o reducirlas?

El aumento salarial en la Asamblea Legislativa Plurinacional, al que diputados y senadores finalmente renunciaron como consecuencia de las críticas, ha reflotado los cuestionamientos a este grupo de poco más de 300 hombres y mujeres que formalmente representan a los bolivianos, quienes en su mayor parte no podrían gozar de este beneficio porque simplemente no reciben ningún salario.

Exlegisladores recordaron que además de recibir una remuneración suficiente por las labores que desempeñan (22.633 bolivianos los titulares y 7.544 bolivianos los suplentes) reciben otros beneficios, como vehículos y presupuesto para contratar asesores, además que su trabajo efectivo en la Asamblea no abarca siquiera todos los días de la semana. Observaron también que una buena parte de ellos jamás presentó un proyecto de ley.

Cuestionaron a los oficialistas por cobrar de levantar la mano para aprobar proyectos de ley que son enviados desde el Ejecutivo y a los opositores por hacer una deficiente labor de fiscalización, cumpliendo un perfil funcional al partido oficialista.

Los aludidos argumentaron que el incremento se definió, no por iniciativa propia, sino en cumplimiento del decreto 4928 aprobado por el Ejecutivo y algunos defendieron su derecho a recibir este beneficio, aunque otros admitieron que no era una buena señal frente a la difícil situación económica que viven el resto de los bolivianos.

“Realmente nos ofenden a la población boliviana y alteña, cómo es posible si estamos en una crisis económica. Realmente es un insulto este incremento (...) sabiendo que el pueblo alteño está muriendo en la informalidad”, cuestionó el activista alteño Jaime Quiñones. Opiniones similares abundaron en las redes sociales.

Tras la ola de críticas, los legisladores retrocedieron en el incremento e incluso algunos plantearon ir más allá y reducir las dietas. El diputado Renán Cabezas (MAS), por ejemplo, planteó una disminución del 50%, para que el resto del salario sea destinado a un fondo solidario para poder ayudar a la población.

Los diputados José Ormachea y Luciana Campero, de Comunidad Ciudadana, presentaron un proyecto de ley para reducir el sueldo en 20%, tanto a legisladores como a toda autoridad jerárquica que gane más de 15.000 bolivianos. Según sus datos, habría al menos unas 5.000 autoridades en esa condición, lo que un 20% de disminución salarial implicaría un importante ahorro que se podría destinar a otros fines.

Ahora resta ver si los legisladores se conforman con haber congelado sus dietas tras la presión o se atreven a dar una señal de desprendimiento en beneficio de quienes los llevaron al cargo.