Corrupción, un sello de la gestión de Arce

A media gestión, se vislumbra un sello que para el gobierno de Luis Arce Catacora, y lamentablemente para el país, no es el de un mandato eficiente en el manejo de la economía, como seguramente esperaban los 3.394.052 bolivianos que lo apoyaron en las elecciones del 18 de octubre de 2020. Más que méritos en el campo económico, lo que ha cosechado este gobierno son graves denuncias de corrupción.

Sólo en la semana que concluye, el ministro de Medio Ambiente, Juan Santos, salió del cargo ante gruesas denuncias de sus propios colaboradores de que cobraba millonarias coimas; dos de sus allegados fueron aprehendidos; el interventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) Bladimir Iraizos fue destituido tras una denuncia de intento de soborno; y se encontró un segundo vehículo robado en Chile que luego fue donado por el Gobierno. Además, fueron detenidos tres ciudadanos vinculados a una red de corrupción y trata y tráfico de personas que involucra a la subdirectora de Migración en Pando, Kathia A.

No sólo eso, un grupo de militantes y legisladores del MAS, entre ellos el exministro de Gobierno Carlos Romero, presentaron al Ministerio Público una denuncia contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, y quienes resultaren responsables por la presunta compra de combustibles con sobreprecios, que calculan llega a 700 millones de dólares.

La situación es realmente alarmante, pero el jefe de Estado no tocó este asunto en el mensaje a la nación que ofreció con motivo de cumplir su primera media gestión de gobierno, lo que hace pensar que no está sopesando el impacto que puede tener esto para el país, para su gestión y hasta para buscar la reelección, si efectivamente ello está en sus planes.

En el caso del Ministerio de Medio Ambiente, cayeron una funcionaria allegada al ministro Juan Santos y su sobrino, ambos acusados por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito, pero el principal implicado sería el propio Santos, quien según denuncia de uno de sus allegados publicada por el portal Rimay Pampa, desde que asumió el cargo en 2020 habría recaudado al menos Bs 19 millones en coimas para la adjudicación de obras.

El 13 de abril de 2021, sólo a seis meses de iniciada la gestión, el entonces ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo Villegas, fue aprehendido “in fraganti” cuando recibía 20 mil dólares como parte de un soborno para dar vía libre al saneamiento, titulación y entrega de tierras en Santa Cruz. El monto total ascendía a los 380 mil dólares.

El 12 de noviembre de 2021, en medio de denuncias de corrupción, Adrián Quelca dejó sus funciones como ministro de Educación. Fue acusado de haber facilitado exámenes para algunos postulantes a cargos directivos mediante el director de Educación Superior, Agustín Tarifa.

El 31 de agosto de 2022, el diputado Héctor Arce (MAS) denunció en la Fiscalía General del Estado a varios funcionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), entre ellos su presidente, Henry Nina, por presuntamente haber cobrado una coima de 18,6 millones de bolivianos a una empresa china para la adjudicación de la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez. Sólo fueron investigados los responsables del proceso de contratación y el representante de la empresa.

En 2022, Bolivia aumentó un punto en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional (TI), lo que posiciona al país en el puesto 126 del listado. Comparado con 2021, esto supone un ascenso, ya que entonces ocupó el lugar 128, con 30 puntos.

Los casos anteriormente mencionados, a los que se suman otros escándalos, como el del intento de compra de 41 ambulancias “fantasma” en la Gobernación de Potosí, hacen pensar que Bolivia continuará en ascenso en el IPC.

Con este panorama, además, la sombra de la corrupción pasa de ser tal a constituirse poco a poco en uno de los sellos principales de la gestión de Luis Arce Catacora.