¡Devuelvan la sede de DDHH!

La sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), ubicada en La Paz, fue violentamente tomada por grupos oficialistas, con anuencia de la Policía, con la finalidad de acallar la voz de su presidenta, Amparo Carvajal, y de imponer una única línea discursiva en favor del gobierno de Luis Arce.

En esa retórica oficial no existen presos políticos, no hay torturados en las cárceles, no hay bolivianos exiliados en el exterior, no hay ataques a la libertad de expresión y la justicia simplemente hace su trabajo.

Pero, la verdad es exactamente opuesta a esa narrativa. Por eso, al oficialismo le incomoda la existencia de una Asamblea de Derechos Humanos independiente del poder político, no tolera que Amparo Carvajal alce la voz por los perseguidos sin miedo a nada ni a nadie y no permite un resquicio de disidencia, ni siquiera en la sociedad civil.

La toma fue ejecutada el viernes por un grupo civil no identificado, al estilo de los paramilitares, pero este lunes, el presidente de una organización paralela y conocido por su afinidad al oficialismo, Édgar Salazar, reconoció que fue obra suya y que contó con el apoyo de supuestas víctimas de Senkata para la operación. Sus declaraciones fueron vertidas en la sede tomada, tal como haría un golpista que arrebata el poder por la fuerza.

No sólo eso, sino que los activistas de derechos humanos que estuvieron en el lugar reconocieron a algunos funcionarios públicos y endilgaron al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, la responsabilidad de la protección que les brindó la Policía.

Una vez desenmascarados, no tienen otro camino que devolver la sede de la Asamblea a su presidenta, Amparo Carvajal, porque ella goza de la legitimidad de la sociedad civil que, este lunes se pronunció mediante una carta suscrita por 17 instituciones, en la que exigen la restitución de la infraestructura.

En cualquier país que se precie de democrático, deben existir contrapesos al poder del Estado; es más, éste debe garantizar la existencia de defensorías del pueblo, asambleas de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, controles sociales y otras entidades de ese tipo para permitir que las voces disidentes tengan canales para hacerse escuchar.

Lo contrario es erigir un estado hegemónico y autoritario, sin ningún tipo de control de parte de la sociedad civil, lo que puede llevar a más violaciones a los derechos humanos y a la instauración de regímenes no democráticos.

El gobierno de Luis Arce ya se encuentra en la mira de algunos organismos internacionales por la persecución a sus rivales políticos, pero si a eso se le agrega que sus seguidores toman la única voz disidente de la sociedad civil, entonces confirma su talante autoritario.