Diferencias entre Castillo y Lasso

Mucho se debate estos días si la decisión del presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, de disolver el Congreso se asemeja al intento del expresidente peruano Pedro Castillo de cerrar el Parlamento de su país. De hecho, líderes de la izquierda latinoamericana exigen que aquellos que condenaron los actos de Castillo asuman la misma actitud con Lasso.

Sin embargo, analistas consultados por diversos medios de la región advierten diferencias de fondo entre los dos procesos y la principal radica en la Constitución Política del Estado de cada país.

La Carta Magna de Perú faculta al Presidente a disolver el Congreso, siempre que éste hubiera aprobado dos mociones de censura contra el gabinete del Presidente, requisito que no ha sido cumplido en el gobierno de Castillo. Entre tanto, la Constitución ecuatoriana establece el mecanismo de la “muerte cruzada” por el que el Presidente puede cerrar el Congreso, pero a la vez debe convocar a elecciones acortando su propio mandato, en caso de que exista “grave conmoción interna y política”.

Quizá la mayor controversia en este momento se encuentre justamente en el requisito de la conmoción interna que, según el expresidente Rafael Correa, no es real en Ecuador. Lo cierto es que Lasso alegó intentos constantes de desestabilización a su gobierno promovidos por el correísmo, los que derivaron en el inicio de un juicio político en su contra que terminaría en su destitución.

Lo curioso del caso es que la decisión de disolver el Congreso, si bien le da a Lasso un aire de seis meses para gobernar con decretos, en el fondo es una especie de suicidio político para él, porque acorta su mandato y queda con pocas posibilidades de ser reelegido porque sus niveles de popularidad son bajos. En síntesis, el correísmo podría salir beneficiado con la muerte cruzada dispuesta por Lasso.

Volviendo a las diferencias entre ambos procesos, hay que mencionar que cuando Castillo intentó cerrar el Parlamento peruano, no convocó a elecciones y tampoco obtuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas, que respaldaron la sucesión constitucional en favor de Dina Boluarte.

En cambio, en Ecuador, Lasso sí llamó a elecciones como manda la Constitución y, en consecuencia, las Fuerzas Armadas apoyan el proceso.

Por tanto, Castillo fue enviado a la cárcel por el intento de autogolpe, mientras que Lasso sigue gobernando, pero con fecha de expiración.

Como se puede advertir, no son procesos iguales ni se pueden condenar a la ligera porque uno de ellos intentó sobrepasar la Constitución y el otro se apegó a la misma. Y, justamente, la Constitución y no las posiciones ideológicas debería ser la vara con la que se midan los actos de los políticos.