Freno al contrabando, antes que sea tarde

Hace un par de semanas sorprendió en redes sociales un video en el que se ve que un convoy con alrededor de 30 camiones de alto tonelaje cargados de contrabando pasaba a gran velocidad por una carretera troncal. Lo hacía utilizando en algunos momentos los dos carriles de la carretera y con la custodia de camionetas con personal civil que parecía ser de seguridad.

La escena sorprendió por la cantidad de vehículos, pero también por las características del “operativo” de los contrabandistas, que muestran un alto nivel de organización. Luego se conoció que este grupo había roto violentamente un cerco de control militar en el departamento de Oruro.

Ya no se trata de contrabandistas que se mueven sigilosamente por rutas alternas pagando a los encargados del control para pasar uno o dos camiones con mercadería ilegal, se trata de organizaciones delictivas cada vez más poderosas, que no solamente actúan con complicidad de pobladores de algunas comunidades, sino que además ahora contratan grupos de seguridad armados que utilizan tecnología más avanzada que los efectivos encargados de luchar contra este flagelo en las fronteras.

Y eso no es todo, algunos comenzaron a tomar contacto con organizaciones mucho más peligrosas, como grupos de narcotraficantes y los clanes criminales que trabajan junto a estos últimos, lo que es una bomba de tiempo para el país.

En marzo, el Informe Mundial sobre Cocaína 2023 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) alertó que los contrabandistas de autos ilegales o robados tienen estrecha vinculación con los narcotraficantes en las fronteras de Bolivia con Chile.

“Los vehículos robados se suelen desensamblar en piezas de repuesto para venderlas al otro lado de la frontera. Como señalan fuentes mixtas, esta actividad parece generar colaboraciones ocasionales entre contrabandistas de vehículos y traficantes de cocaína que intercambian pequeñas cantidades de cocaína por vehículos robados. Al parecer, en Chile también han proliferado los grupos delictivos que compran vehículos con dinero en efectivo de origen ilícito y luego los venden en Bolivia para blanquear los ingresos procedentes del tráfico de armas y drogas”, sostiene el informe.

Este círculo delictivo hace ver que si no se toman medidas mucho más radicales para enfrentar este delito, el país puede quedar sumido en una escalada de violencia, e indicios hay de sobra.

Hace poco, la madrugada del 1 de junio, contrabandistas emboscaron una patrulla militar que realizaba controles de lucha contra el contrabando en la zona fronteriza de Villazón. Tres efectivos resultaron heridos y un joven falleció. Son incontables los casos de enfrentamientos con grupos de contrabandistas.

Y es que ahora este delito mueve 3.331 millones de dólares, un 65% más que en 2014 y un 203% más que en 1999, según cifras expuestas durante la semana que acaba en el seminario internacional “Del Comercio Informal al Crimen Organizado: Los desafíos de la región frente al contrabando”.

En ese mismo evento el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, señaló que quienes se dedican a la ilícita actividad internan mercadería con armas y explosivos y que el personal militar que combate esta actividad no siempre puede hacer lo mismo.

Y cuando se le consultó por qué no caen los “peces gordos” dedicados a este ilícito, explicó que un problema es la normativa vigente que establece que para que se considere delito de contrabando y los implicados vayan a prisión, la mercadería incautada debe tener un valor superior a las 200.000 UFV (487.986 bolivianos o 70.112 dólares). Ante ello, lo que correspondería es bajar esa cifra.

Los contrabandistas afectan a 38.000 industrias en el país y a 600.000 empleos formales, pero además representan un peligro para la seguridad nacional, por lo que la respuesta del Estado debería ser en esa dimensión.