Injusticia cometida por la UMSA

“Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación”, establece el artículo 17 de la Constitución Política del Estado. Pues bien, parece que desde la pasada semana los universitarios René Rivera y Karen Apaza perdieron ese derecho fundamental, ya que la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) decidió expulsarlos de todo el sistema universitario.

¿El motivo? Haber propiciado actos violentos durante una toma del Monoblock el año 2021, cuando reclamaban por irregularidades en la elección de la Federación Universitaria Local (FUL), en la que, una vez más, se impuso el frente del cuestionado y ahora preso dirigente Álvaro Quelali, procesado por conducta antieconómica.

La decisión de la Comisión Universitaria de Procesos fue anunciada una semana después de que Quelali fuera aprehendido y luego enviado al penal de San Pedro, acusado de usar fondos de la universidad para pagar viajes de su hermano al interior y el exterior del país. ¿Una casualidad? Todo indica que no, ya que es bien sabido que este dirigente que vive de su cargo desde hace unas dos décadas tiene tal poder que incluso pone contra la pared a las autoridades universitarias.

El reglamento de procesos universitarios de la UMSA establece que una de las causales de proceso es “La comisión de actos de violencia, usurpación de funciones, agresiones físicas o de otra índole cometida contra miembros de la comunidad universitaria en acciones relacionadas con las funciones institucionales” y establece cuatro tipos de sanciones, según la gravedad de los hechos: a) Amonestación escrita b) Suspensión temporal, desde dos meses hasta un máximo de tres años c) Destitución d) Expulsión de la universidad.

Para Rivera y Apaza aprobaron la sanción más dura y, además, en la resolución se especifica que la expulsión implica “la réplica a todo el sistema universitario”.

Pero la universidad paceña no hizo nada contra el dirigente Quelali que lleva 20 años como estudiante y dirigió la FUL con graves cuestionamientos, manejando un jugoso presupuesto de al menos Bs 4,2 millones anuales y hasta un vehículo que le fue asignado por el Estado.

Ahora resulta que Rivera y Apaza (culminó la carrera Ingeniería Química y ahora cursaba Ingeniería Petroquímica) no podrán concluir sus estudios, mientras Quelali posiblemente salga de prisión en dos meses para continuar con una carrera que no pudo acabar en 20 años, pues no le interesa. La UMSA debe revisar la sanción contra los dos estudiantes y, más bien, aplicar ya alguna fórmula para erradicar a los dirigentes dinosaurios.