Editorial

Insostenible crisis
en Perú

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La Paz - martes, 17 de enero de 2023 - 5:00

Perú se ha sumido en una crisis y espiral de violencia de la que no se pueden hacer predicciones de solución. Una semana después de la destitución del presidente Pedro Castillo (el 7 de diciembre pasado), la violencia ha sumido al país en una tragedia nacional en la que ya se suman cerca de 50 víctimas de los enfrentamientos entre ciudadanos y las Fuerzas Armadas.

La presidenta Dina Boluarte, quien fuera vicepresidenta de Pedro Castillo, ha asumido el mando de la nación y se ha comprometido en convocar a nuevas elecciones. Sin embargo, la fecha de esos comicios ha ido de 2026 a 2024, cuando grandes sectores, especialmente el sur del país –donde se ubica gran parte de la población peruana que apoyó la elección de Castillo-, exigen que sea de inmediato.

El Congreso no se pone de acuerdo sobre cuándo convocar a nuevas elecciones después de la destitución de Pedro Castillo, quien previamente había tratado de cerrar el Congreso y convocar a un gobierno de emergencia nacional.

La crisis peruana en realidad se remonta a 2016, cuando Pedro Kuczynsky dimitió antes de concluir su mandato; le siguieron hasta la elección de Pedro Castillo -en 2021-, otros tres presidentes designados por el Congreso y relevados a su vez por el mismo.

Castillo, un presidente elegido en segunda vuelta y apoyado por segmentos populares y no afines a los sectores conservadores identificados con la capital Lima, fue resistido desde el inicio de su gestión, y su salida intempestiva, tramitada rápidamente por el mismo Congreso, fue empujada simultáneamente por desaciertos y varias denuncias de corrupción (sin mencionar el intento de autogolpe que fue su peor error), las que fueron coronadas con un intento de autogolpe.

Con todo, hay causas estructurales en esta crisis; primero, un sentimiento de postergación, exclusión y discriminación de grandes sectores de la población –de extracción indígena y campesina mayoritariamente-, que se siente marginada de las decisiones políticas de un Congreso con fuerzas divididas, pero que se une en el centralismo como consigna.

Estas fuerzas son las que rechazan la destitución de Castillo y llegan incluso a pedir que ese parlamento sea diluido. De modo que un primer conflicto es el que se libra entre Lima y el resto del país.

Por otro lado, hace años que Perú vive una crisis con sus principales instituciones democráticas, especialmente con el Congreso, que ha perdido toda credibilidad. La desaprobación de la gente -86% según las encuestas- refleja lo que viene siendo la lucha entre los presidentes que se eligen o designan y el Órgano Legislativo.

Entretanto, hace ya un mes que los enfrentamientos no dan tregua, y se habla de masacres en localidades como Ayacucho y Juliaca, además de víctimas en Puno y otras localidades como Cusco e incluso Arequipa –la segunda ciudad más poblada de Perú-.

A pesar de que el gobierno de Boluarte trata de mostrar estos enfrentamientos como terrorismo y separatismo, es evidente que con tal número de muertos no se puede tratar de simplemente una revuelta a la cual se responde con represión e indolencia.

El Gobierno de Perú publicó este sábado un decreto que extiende el estado de emergencia desde el 15 de enero y por 30 días en las regiones de Lima, Cusco, Puno, el Callao, en tres otras provincias y un distrito para controlar las protestas sociales, pero no se advierte una voluntad de atender la principal demanda de estos sectores. Por el contrario, se pretende prologar la vigencia de un gobierno que no solamente está acuartelado en la capital Lima a espaldas del resto del país, sino que está violando de forma alarmante los derechos humanos de sus compatriotas.

La distancia entre la clase política y los intereses y demandas nacionales está haciendo aguas en un país con un enorme potencial de crecimiento y progreso; estos años de inestabilidad política no sólo están dejando una deuda de muertos y heridos que será muy difícil de sanar, sino de postergación de la lucha contra la pobreza y la desigualdad que ahora se ha hecho más evidente que nunca.

La crisis peruana en realidad se remonta a 2016, cuando Pedro Kuczynsky dimitió antes de concluir su mandato.
La distancia entre la clase política y los intereses y demandas nacionales está haciendo aguas en un país con enorme potencial.

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