La corrupción omnipresente

El gobierno del presidente Luis Arce, agobiado como está por denuncias de corrupción en sus filas y alrededores, acaba de anunciar un “anteproyecto de ley de creación del sistema de riesgos para la prevención y lucha contra la corrupción”, en el que plantea que las empresas privadas que sean contratadas por el Estado para la ejecución de proyectos levanten su secreto bancario de manera voluntaria. A partir de esta norma, el Gobierno dividirá a los privados en dos grupos: los que estén en las listas de “integridad empresarial” y los que “no estén comprometidos” en la lucha contra la corrupción.

El anteproyecto, que debe aún transitar aprobaciones y enmiendas en el Legislativo, tiene una disposición final única que menciona que “la administración del Sistema de Gestión de Riesgos estará a cargo del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción”, por lo que se entiende que será el mismo Gobierno, a través de una cartera ministerial, el que se encargue de esta tarea.

Ante un escenario de desbande de hechos de corrupción como el que vive el país, toda propuesta es interesante, pero no deja de llamar la atención que habiendo otras leyes ya en vigencia para luchar contra este mal se piense en formular una normativa más antes que en medidas concretas para optimizar el cumplimiento de las que están en curso.

Recordemos que la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, promulgada en 2010, tiene por objeto fortalecer los mecanismos y procedimientos de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas. También está la Ley de Administración y Control Gubernamentales, conocida como Ley Safco, que establece sistemas de gestión que se relacionan entre sí y con otros sistemas en el país para establecer el régimen de responsabilidad por la función pública.

Sin embargo, ninguna de las anteriores ha sido obstáculo para que la corrupción llegue a las más altas esferas, como se ha visto con los casos de la ABC y la empresa china CHEC –que además ha sido sobreseída-; el caso del ministro de Desarrollo Productivo encontrado recibiendo pagos irregulares; el caso de la estructura de cobro de coimas en el Ministerio de Medio Ambiente y, finalmente, el llamado “narcovuelo”.

En Bolivia el problema no es la ausencia de leyes, es más bien que éstas quedan en la retórica y el papel, mientras que en los hechos se favorece la impunidad, las investigaciones y las verdades a medias.

Si bien puede resultar importante establecer controles de riesgos para las empresas que sean contratadas por el Estado –lo que obligaría que se investigue a fondo, por ejemplo, a empresas como la china CHEC, que se ha visto envuelta en hechos irregulares sin mayores consecuencias-, es igualmente importante que todas las autoridades que realicen contrataciones levanten el secreto bancario y se tomen medidas para fiscalizar también las cuentas de los funcionarios de la propia estructura gubernamental.

Asimismo, ¿por qué darle estas funciones al Ministerio de Justicia si existe una Contraloría que debiera ser eficiente e independiente? Como sostuvo el expresidente Eduardo Rodríguez, “(es) indispensable restablecer la institucionalidad de la Contraloría General, fortalecer unidades de auditoría interna y actualizar régimen procesal coactivo fiscal”. Hace lustros que tenemos una Contraloría que no es más que una institución más del oficialismo, con autoridades interinas y un pálido rol de fiscalización del uso de fondos públicos por los sucesivos gobiernos.

“La prevención de corrupción pasa también por asegurar buen uso y resultados de fondos públicos verificado por sistema de control previo, concurrente y posterior con auditorías oportunas y confiables”, agregó Rodríguez Veltzé.

Este no parece ser el espíritu de la ley que se prepara. Más bien suena a un acto de efecto inmediato en uno de los momentos más grises de penetración de la corrupción en el Estado, del que no se puede esperar grandes cambios.