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La justicia boliviana declarada culpable

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La Paz - sábado, 21 de enero de 2023 - 5:00

El sistema judicial de nuestro país debería estar avergonzado por la reciente sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en la que declara que el Estado boliviano “es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la vida privada y familiar, a los derechos de la niñez, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial” de Brisa de Angulo Losada, una ciudadana colombiana que fue violada en Cochabamba por un primo adulto cuando ella era una adolescente.

El caso fue denunciado a la justicia boliviana que, si bien emitió una sentencia, luego la anuló. En el transcurso del proceso, según la sentencia de la Corte IDH, el Estado se convirtió en el segundo agresor de la víctima al haberla sometido a una revictimización y violencia institucional.

En una entrevista con Página Siete, Brisa contó en octubre del año pasado que “a todos los lugares que fui, como la Policía, la Fiscalía, los jueces y médicos forenses, me echaban la culpa o me decían que me merecía lo que me había sucedido”.

En 20 años Brisa no pudo conseguir justicia en Bolivia, por el contrario, se impuso la impunidad y la fuga del agresor. Por eso, ella recurrió ante la Corte IDH que, finalmente, este jueves dictó sentencia en contra del Estado boliviano exigiendo la reparación integral de la víctima.

Lo que le sucedió a Brisa es justamente lo que cotidianamente ocurre con los bolivianos que tienen la desgracia de caer en las garras de la justicia y particularmente a las víctimas de violencia sexual y de género. La revictimización es moneda corriente, el peregrinaje de las víctimas dura años e incluso décadas, los agresores son liberados y se impone la impunidad. Las mujeres en Bolivia no solo son violadas por sus agresores, sino también por un sistema judicial indolente.

Esta sentencia es la enésima constatación de que la justicia boliviana está podrida y que requiere una reforma urgente. Pese a eso, el gobierno de Luis Arce hace los oídos sordos y avanza, como si nada ocurriera, a unas elecciones judiciales para repetir la tragedia de magistrados y jueces vendidos, corruptos e indolentes.

La sentencia del caso Brisa no solo debería ser motivo de vergüenza de los operadores de justicia que, dicho sea de paso, deben ser sancionados para cumplir con las disposiciones de la Corte, sino del propio gobierno, que se niega a reformar la justicia porque, así como está, le es más útil para sus intereses.

Esta sentencia es la enésima constatación de que la justicia boliviana está podrida y que requiere de una reforma urgente.

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